Fernando Burgos
Bolivia vive uno de los momentos de mayor tensión política, social y económica de los últimos años. A poco más de seis meses de la llegada al poder del presidente Rodrigo Paz, el país enfrenta una escalada de protestas, bloqueos de rutas y movilizaciones impulsadas por organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y sectores afines al expresidente Evo Morales.
La conflictividad social se profundizó durante mayo y ya afecta seriamente el abastecimiento de combustible, alimentos, medicamentos y el funcionamiento de hospitales, especialmente en La Paz y El Alto.
Una crisis económica que detonó el conflicto
El origen de la crisis es múltiple. Bolivia arrastra desde hace varios años una fuerte caída de reservas internacionales, menor producción de gas natural, problemas de abastecimiento de dólares y un creciente deterioro fiscal. La situación ya había comenzado durante la etapa final del gobierno de Luis Arce, pero se agravó con el inicio de la gestión de Rodrigo Paz.
El nuevo gobierno impulsó un programa de ajuste económico con reducción del gasto público, eliminación de impuestos y reformas estructurales orientadas al mercado. Aunque el oficialismo defendió las medidas como necesarias para estabilizar la economía, distintos sectores sociales las interpretaron como un ataque a conquistas históricas y al modelo estatal construido durante los gobiernos del MAS.
A eso se sumó la polémica Ley 1720 de reconversión de tierras, que habilitaba convertir pequeñas propiedades rurales en activos utilizables como garantía bancaria. Organizaciones campesinas e indígenas denunciaron que la norma favorecía la concentración de tierras y los intereses agroindustriales.
Los bloqueos como herramienta de presión política
Las protestas rápidamente escalaron hacia bloqueos nacionales de carreteras y marchas masivas. La Central Obrera Boliviana (COB), sectores mineros, organizaciones campesinas y movimientos indígenas comenzaron a exigir aumentos salariales, soluciones al desabastecimiento de combustible y la derogación de medidas económicas del Gobierno.
Con el correr de los días, la protesta dejó de ser únicamente sectorial y pasó a convertirse en un cuestionamiento político directo contra Rodrigo Paz. Algunos grupos ya reclaman abiertamente la renuncia presidencial y denuncian un supuesto intento de desmontar el modelo social boliviano.
La presión callejera tiene un fuerte componente simbólico en Bolivia. Las organizaciones sociales y sindicales históricamente fueron actores centrales del poder político y durante casi dos décadas tuvieron una relación directa con el Estado bajo los gobiernos del MAS. El nuevo esquema político impulsado por Paz —más tecnocrático y menos ligado a los movimientos sociales— generó una ruptura que hoy se expresa en las calles.
Evo Morales y el trasfondo político del conflicto
Otro elemento clave del escenario actual es la figura de Evo Morales. Aunque no lidera formalmente las protestas, sectores cercanos al exmandatario participan activamente de las movilizaciones y utilizan la crisis para debilitar políticamente al nuevo gobierno.
La situación se complejiza aún más por el proceso judicial que enfrenta Morales y la orden de captura dictada recientemente en su contra por una causa vinculada a trata de personas. El ex presidente permanece protegido políticamente en el Chapare, una región donde mantiene fuerte respaldo sindical y campesino.
En la Casa Grande del Pueblo consideran que parte de las protestas tienen un componente de desestabilización política impulsado desde sectores evistas que buscan recuperar centralidad.
Un gobierno debilitado y sin estructura social propia
El principal problema de Rodrigo Paz es que, pese a haber ganado las elecciones en 2025, todavía no logró construir una estructura territorial y sindical sólida que le permita contener el conflicto social.
A diferencia de los gobiernos del MAS, que sostenían su poder sobre organizaciones campesinas, indígenas y sindicales, el actual presidente gobierna apoyado principalmente en sectores urbanos, empresariales y técnicos.
Esa debilidad estructural se refleja en la dificultad para controlar las protestas y negociar con los movimientos sociales. Incluso algunas decisiones del Gobierno, como la eliminación de ministerios o el retiro de símbolos indígenas del Palacio de Gobierno, profundizaron el malestar de sectores populares e indígenas.
Riesgo económico y desgaste político
El impacto económico de los bloqueos ya es significativo. Según estimaciones difundidas por medios bolivianos y organismos oficiales, las pérdidas superan cientos de millones de dólares y afectan especialmente al comercio, turismo, transporte y abastecimiento interno.
Hospitales denunciaron faltante de oxígeno e insumos médicos, mientras crece la preocupación por el abastecimiento energético y alimentario.
Aunque el Gobierno intentó descomprimir la crisis derogando la Ley 1720 y convocando al diálogo, las protestas continúan y el conflicto ya tomó una dimensión política mayor.
Un escenario abierto e incierto
Al 18 de mayo de 2026, Bolivia enfrenta un escenario de extrema fragilidad política. Rodrigo Paz intenta sostener la gobernabilidad mientras enfrenta una combinación compleja de crisis económica, presión sindical, desgaste político y ofensiva opositora.
La gran incógnita es si el Gobierno logrará reconstruir canales de diálogo con las organizaciones sociales o si el conflicto derivará en una mayor radicalización callejera.
Por ahora, el país parece ingresar en una etapa de fuerte polarización, con un oficialismo debilitado y movimientos sociales que volvieron a demostrar que continúan siendo uno de los factores de poder más determinantes de la política boliviana.
