El Expreso de Jujuy
Las referentes participaron de una reunión con la Comisión de Género de la Legislatura y advirtieron que la iniciativa “alimenta discursos de odio” y representa un retroceso en materia de derechos y protección para las mujeres.
Durante el encuentro, referentes como Daniela Jaled, Mariana Vargas y Mónica Cunchila cuestionaron con dureza la propuesta legislativa y señalaron que instala una problemática “ficticia” mientras persisten altos índices de violencia de género y femicidios en la provincia.
“Creemos realmente grave que se instale este discurso de falsas denuncias, porque, así como pudieran existir sobre género, también hay falsas denuncias sobre muchas otras cuestiones. La pregunta es por qué se apunta específicamente a esta temática”, expresó Daniela Jaled. Para la dirigente, el proyecto no busca visibilizar una problemática real sino “hacer todo lo contrario”, debilitando los avances conquistados por el movimiento de mujeres desde las movilizaciones masivas surgidas con Ni Una Menos.
Las referentes remarcaron además que el contexto actual está marcado por el desfinanciamiento de políticas públicas destinadas a prevenir y asistir situaciones de violencia. “Hay menos espacios de contención por la falta de financiamiento tanto nacional como provincial”, denunciaron.
En ese marco, cuestionaron que se promueva un observatorio cuando las falsas denuncias ya están contempladas en la legislación vigente. “Las falsas denuncias ya tienen una pena tipificada en el Código Penal. El problema social sigue siendo la violencia de género”, afirmaron.
Desde la Multisectorial sostuvieron que el debate sobre las falsas denuncias forma parte de una “campaña” destinada a desacreditar a las mujeres que denuncian violencia y a garantizar impunidad para agresores. “Las falsas denuncias no llegan ni al 1% de los casos y muchas veces ni siquiera están vinculadas a violencia de género, sino a otras cuestiones. Estamos frente a una situación ficticia para garantizar la impunidad de los violentos”, señalaron.
Las organizaciones también alertaron sobre un cambio de criterio en el sistema judicial y en organismos especializados. Según denunciaron, actualmente existen mayores obstáculos para acceder a medidas cautelares y restricciones perimetrales. “Antes se ordenaban las medidas y después se investigaba. Hoy primero se investiga y recién después se decide si corresponde proteger a la víctima. Tenemos que estar lastimadas, lesionadas y con testigos para que crean que fuimos abusadas”, advirtieron.
En esa línea, anunciaron que solicitarán reuniones no solo con otras comisiones legislativas, sino también con jueces especializados en violencia de género y con el procurador general. “Este discurso misógino ya penetró en el servicio de justicia y hay funcionarios que dejaron de creernos”, denunciaron.
Por su parte, Mariana Vargas consideró que la iniciativa forma parte de “una avanzada nacional y mundial de discursos de odio”, que afecta principalmente a mujeres y diversidades. “Más que hablar de falsas denuncias, tenemos que hablar de las denuncias que siguen faltando, de mujeres que no se animan a denunciar porque son revictimizadas”, afirmó.
Además, cuestionó el tratamiento legislativo “a puertas cerradas” y reclamó que toda normativa vinculada a derechos de las mujeres cuente con perspectiva de género. “Vamos a discutir cada ley que nos involucre y sobre todo aquellas que nos perjudican”, sostuvo.
En uno de los testimonios más duros, Mónica Cunchila relató casos concretos de mujeres que realizaron reiteradas denuncias antes de ser finalmente asistidas. “Me tocaron casos donde las víctimas avisaban que las iban a matar y aun así no hacían nada. Después de cuatro denuncias las tomaban como si fueran falsas”, expresó.
La referente recordó el caso de Daniela Mamani y cuestionó la responsabilidad estatal frente a situaciones de riesgo extremo. “Mirá si aparecía muerta. ¿Quién iba a ser responsable? El Estado por tomar esta decisión”, concluyó.
