Fernando BurgosEl secretario político de la OLA, Ali Peralta, deberá enfrentar un juicio oral después de que la justicia federal cambiará la carátula de una denuncia original por "terrorismo". El hecho, enmarcado en la creciente tensión global por el conflicto en Medio Oriente, expone la persecución a activistas pro-palestinos en Argentina.
Según pudo reconstruir este medio, el conflicto se originó en julio de 2025, cuando un ciudadano argentino, residente en los territorios palestinos ocupados y miembro activo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), presentó una denuncia formal contra Peralta. En aquella presentación, el soldado, a quien desde la OLA califican como "integrante del ejército infanticida israelí", acusaba al dirigente social de "terrorismo, apología de la violencia y posible acción en banda".
A raíz de esa denuncia, la Policía Federal Argentina desplegó un operativo de seguimiento sobre Peralta que se extendió por meses, denunciaron en las redes sociales, familiares del dirigente. "Vigilaron su hogar, su lugar de trabajo y sus actividades cotidianas, vulnerando su intimidad con la esperanza de encontrar pruebas de una supuesta actividad terrorista", detallaron.
Sin embargo, la pesquisa no habríaarrojado más que la constatación de que Peralta es un trabajador, padre de familia y activista con un fuerte compromiso social y político, que incluye su apoyo a la Causa Palestina.
Conscientes de la inconsistencia de la acusación original, los fiscales a cargo del caso optaron por un cambio de carátula. Lo que comenzó como una grave imputación por terrorismo se reconvirtió en una causa por "discriminación por antisemitismo", buscando, según la defensa, una "solución de compromiso".
La "solución" que no fue aceptada
El pasado 20 de febrero de 2026, Peralta fue notificado en su domicilio de la capital jujeña para presentarse en la fiscalía federal. Allí, además de tomar conocimiento formal de la investigación, se le planteó una salida alternativa al juicio: una suspensión del proceso a cambio de una reparación económica, la realización de tareas comunitarias y la prohibición de publicar en redes sociales sus críticas al Estado de Israel y al "aparato sionista".
Lejos de aceptar, el dirigente social rechazó de plano la propuesta. "No somos gente que se deje humillar. Y menos aún por los agentes más bajos y detestables de los enemigos de la humanidad", manifestó Peralta a través de un comunicado difundido por su organización, en el que confirma que enfrentará el juicio oral.
Desde la OLA, la organización emitió un duro pronunciamiento en el que denuncian "la utilización de los instrumentos de justicia, inteligencia y seguridad federales de nuestra nación argentina para cumplir los designios de esta secta inhumana".
Un caso con ribetes internacionales
El hecho pone sobre la mesa un debate complejo: los límites entre la libertad de expresión, la denuncia política y la discriminación. Mientras la comunidad judía en Argentina sigue con atención cualquier manifestación de odio, colectivos pro-palestinos denuncian una "criminalización de la solidaridad con Palestina", especialmente en un contexto donde la ofensiva israelí en Gaza ha sido calificada por organismos internacionales como genocida.
"Es una paradoja kafkiana: un miembro de un ejército denunciado por ocupación nos acusa a nosotros de violencia. Nosotros no tenemos tanques ni bombas, tenemos convicciones", agregó el texto difundido por la OLA.
Por el momento, la fiscalía federal no ha emitido declaraciones oficiales sobre el caso, y se desconoce la fecha exacta en que se llevará a cabo el debate oral. Lo que es seguro es que el juicio contra Ali Peralta se perfila como un nuevo campo de batalla discursivo en el que se enfrentarán dos formas antagónicas de entender el conflicto más largo y sangriento del Medio Oriente.
Un contexto de odio
El conflicto en Medio Oriente, que enfrenta a Israel con Hamás y ha causado miles de víctimas civiles, suele generar repercusiones en las diásporas de todo el mundo. Sin embargo, analistas consultados por este diario advierten sobre el peligro de trasladar la complejidad geopolítica a la convivencia diaria en una provincia como Jujuy, caracterizada por su diversidad y su histórica vocación pacífica.
"Es legítimo tener una posición sobre lo que ocurre en el mundo" pero "lo que no es legítimo es utilizar ese dolor para agredir al vecino que profesa otra religión o tiene otro origen. Eso no es política, es discriminación, y está penada por la ley" advirtieron.
Hasta el cierre de esta edición, no hubo una rectificación pública por parte del dirigente social involucrado, mientras que en las redes sociales el debate sigue abierto, dividiendo aguas entre quienes apoyan su postura y quienes exigen un pedido de disculpas público.
La Ley Antidiscriminatoria N° 23.592, vigente en Argentina, establece sanciones para quien participe en una organización o realice propaganda basada en el odio racial o religioso. Se espera que en las próximas horas se defina si el hecho será motivo de una denuncia formal ante el INADI o la Justicia Federal.
