El Expreso de Jujuy
Durante demasiado tiempo, Jujuy convivió con una realidad anómala. Organizaciones sin legitimidad democrática controlaban territorios, manejaban recursos públicos, decidían quién recibía ayuda y quién no, quién podía circular y quién debía callar. La política dejó de ser debate y pasó a ser intimidación. El poder se ejercía desde la amenaza, no desde la ley. Y el Estado, debilitado, miraba desde un costado.
Ese ciclo se rompió en 2015, con el recambio de gobierno. Y en enero de 2016, por primera vez, una estructura informal con enorme poder económico y capacidad de coerción quedó sometida a la Justicia. El mensaje fue tan simple como contundente: nadie está por encima de la ley. El fin de la impunidad dejó de ser una consigna abstracta y empezó a tener efectos concretos.
El primero fue el fin de la violencia política organizada. Los cortes permanentes de rutas, las tomas, las patotas y la presión sistemática dejaron de ser herramientas aceptadas de acumulación de poder. La política volvió a canalizarse por las instituciones. La calle dejó de ser un campo de batalla permanente y la convivencia empezó a recomponerse.
Al mismo tiempo, se desarmaron estructuras paraestatales que habían ocupado funciones que no les correspondían: la administración de planes sociales, el reparto de alimentos, la asignación de viviendas y el control social sobre los sectores más vulnerables. La asistencia dejó de ser un instrumento de disciplinamiento y volvió a ser una política pública.
Con ese cambio, el Estado recuperó su rol indelegable. La ayuda social pasó a gestionarse con reglas claras, criterios públicos y controles. Se terminó el sistema de premios y castigos. Se terminó la extorsión encubierta. Y se restableció un principio básico de cualquier sociedad democrática: los derechos no dependen de la obediencia a una organización.
Otro punto clave fue la libre circulación. Durante años, Jujuy vivió con rutas y calles cortadas como parte del paisaje cotidiano. Eso también se terminó. La reforma constitucional de 2023 consagró el libre tránsito como garantía básica. No fue una medida abstracta: fue la respuesta a una experiencia traumática que los jujeños conocían demasiado bien.
Todo este proceso se apoyó en hechos judiciales firmes, no en relatos. La causa Pibes Villeros acreditó la existencia de una estructura de asociación ilícita y fraude con fondos públicos destinados a viviendas sociales. Hubo condenas. Hubo una condena por amenazas. Y hubo una pena única de 15 años que quedó firme tras el fallo de la Corte Suprema en 2025. Asociación ilícita, fraude, extorsión y amenazas: delitos tipificados, juzgados y sentenciados.
También quedaron expuestos mecanismos irregulares de manejo de dinero público. Testimonios judiciales describieron retiros de grandes sumas en efectivo desde el Banco Nación y circuitos paralelos de redistribución fuera del sistema institucional. No son opiniones: son elementos que integraron investigaciones judiciales.
Pero quizás el daño más profundo fue el social. Durante años se consolidó un clima de miedo que silenció denuncias, inhibió a las víctimas y naturalizó abusos. Testimonios posteriores describieron golpes, humillaciones, amenazas, exclusión y coerción. También emergieron relatos de hechos graves nunca denunciados, no por falta de gravedad, sino por temor, vergüenza o desprotección. Ese silencio fue parte de la impunidad.
La detención de Milagro Sala no solucionó todo, pero hizo posible que Jujuy volviera a ordenarse. Permitió que el gobierno encabezado por Gerardo Morales avanzara en transformaciones que antes eran imposibles: paz social, institucionalidad, inversión, obra pública transparente y recuperación del Estado de Derecho. Sin ese quiebre, nada de lo que vino después hubiera sido viable.
Diez años después, el balance es claro: Jujuy no cambió por un discurso ni por un relato. Cambió porque se puso un límite. El límite que marca la Justicia cuando el poder se ejerce sin reglas. Sin ese límite, no hay paz social. Y sin paz social, no hay futuro posible.
