Los exjefes de la Subdelegación de La Quiaca de la Policía Federal, Cristián Bejarano y Milton Cano, fueron detenidos luego de que la Corte Suprema rechazara su último recurso. El 22 de abril de 2020, en plena pandemia del COVID-19 y con las fronteras cerradas, habían intentado pasar a Bolivia un camión con insumos sanitarios y otras mercaderías.
JUDICIALES16 de septiembre de 2025
El Expreso de Jujuy
El Tribunal Oral Federal de Jujuy ordenó la detención del exjefe y del exsubjefe de la Subdelegación La Quiaca de la Policía Federal, Cristián Bejarano y Milton Cano, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme la condena a 4 años y 8 meses de prisión que les fue impuesta el 7 de marzo de 2022 por haber intentado contrabandear un camión cargado de insumos sanitarios y otra mercadería hacia Bolivia en abril de 2020, en medio de la pandemia de COVID-19 y con la frontera cerrada.
El rechazo a los recursos intentados por las defensas ante el máximo tribunal fue comunicado el 20 de agosto pasado y al día siguiente se concretaron las detenciones. Desde entonces, los condenados permanecen alojados en el Escuadrón de La Quiaca de la Gendarmería Nacional, a la espera de su traslado al Complejo Penitenciario Federal NOA III.
Bejarano y Cano fueron condenados como coautores del delito de contrabando de exportación agravado por el número de intervinientes y por ser integrantes de una fuerza de seguridad, en grado de tentativa.
La condena fue impuesta a instancia del fiscal federal Federico Zurueta, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Jujuy, quien también logró la condena de otros cuatro cómplices: los hermanos Luis, Paul y Fabián Saiquita, recibieron 4 años y 3 meses de prisión como coautores del mismo delito que los policías, y Eduardo Laime, chofer del camión, fue condenado a 2 años de prisión en suspenso, como partícipe necesario.
El caso juzgado ocurrió el 22 de abril del 2020, cuando Laime y los hermanos Saiquita fueron detenidos alrededor de las 3.00 de la madrugada por personal del Escuadrón 21 de La Quiaca, que interceptó un camión cargado con mercadería e insumos sanitarios que se dirigía a Bolivia con las luces apagadas.
El procedimiento se registró en el paraje “Ojo de Agua”, zona de paso obligado para el cruce al vecino país. Llamó la atención de los gendarmes que el camión Mercedes Benz 710 llevaba por delante y, a modo de coche puntero, el móvil de la Subdelegación de La Quiaca de la Policía Federal, en el que viajaban los jefes principales y Fabián Saiquita.
El convoy, que estuvo a 500 metros de traspasar la frontera, fue detenido. Se constató que, en su interior, el camión llevaba mercadería por un valor superior a 840 mil pesos. Gran parte de la carga eran insumos sanitarios para la prevención del coronavirus. La valuación del rodado, en tanto, se estimó entonces en más de 900 mil pesos.
Investigación, juicio y absolución
Como resultado de la tarea investigativa llevada a delante por la fiscalía, de la cual se destacó el análisis de los teléfonos celulares secuestrados en el procedimiento, en septiembre de ese año se avanzó con la detención de los exjefes implicados.
Posteriormente, se formalizó la acusación y se llegó a juicio en junio de 2021 ante el TOF de Jujuy, integrado por Alejandra Cataldi (presidenta), Marta Snopek y Mario Héctor Juáres Almaraz (f).
En el debate, el fiscal Zurueta resaltó, entre otros argumentos, que al momento del hecho estaban vigentes varias medias sanitarias dispuestas en el marco de la pandemia por el COVID-19, entre ellas el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y el cierre de las fronteras con países vecinos.
El convoy estuvo a 500 metros de traspasar la frontera. Llamó la atención de los gendarmes que el camión Mercedes Benz 710 llevaba por delante y, a modo de coche puntero, el móvil de la Subdelegación de La Quiaca de la Policía Federal, en el que viajaban los jefes principales.
El fiscal presentó testigos y otras pruebas, como las comunicaciones previas mantenidas por los acusados, para demostrar la responsabilidad de los dos jefes policiales y de sus cómplices:
Aportó las llamadas que Bejarano y Cano hicieron a gendarmes e incluso a funcionarios de mayor rango del Escuadrón 21 para conocer de antemano el resultado de algunos peritajes.
Develó otra maniobra ejecutada para desvincularse del hecho, como la creación de un segundo libro de registro, en el cual consignaron que el día en que fueron detenidos estaban en comisión de un operativo conjunto con la Gendarmería Nacional que tenía como objetivo detener a los coimputados.
La fiscalía también echó por tierra la teoría de que los dos jefes eran víctimas de una supuesta rivalidad entre ambas fuerzas, como también los intentos de Cano por sostener que no estuvo presente cuando se produjo el procedimiento en que fue detenido.
El 6 de agosto del 2021, tras escuchar los alegatos de la fiscalía, que pidió la declaración de responsabilidad penal de los acusados, y de la defensa, que reclamó la absolución, el tribunal, con los votos de Snopek y Juárez Almaraz, resolvió exculpar por el beneficio de la duda a los dos jefes policiales y a los hermanos Saiquita, mientras que de forma unánime dispuso la absolución de Laime.
Impugnación y condena
El 20 de agosto de ese año, el fiscal Zurueta impugnó el fallo por considerarlo arbitrario y carente de motivación suficiente para la decisión dictada. El planteo fue tratado por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky -como presidente- y Javier Carbajo y Angela Ledesma, como vocales.
El 23 de septiembre 2021, en la audiencia de sustanciación de la impugnación, el fiscal general ante esa cámara, Javier De Luca, y la auxiliar fiscal María Florencia Di Lello ratificaron los argumentos del fiscal Zurueta, como también el pedido para que la absolución fuera revocada y se declarara la responsabilidad penal de los acusados.
Por la mayoría compuesta por los votos de Borinsky y Carbajo, el 1° de noviembre la Cámara Federal de Casación resolvió declarar la responsabilidad penal de los seis acusados, en línea con los argumentos esgrimidos por la fiscalía.
En su disidencia, la jueza Ledesma se pronunció por el rechazo de la impugnación de la fiscalía. Las defensas de los acusados, entonces, formularon una nueva impugnación.
Este planteo fue resuelto el 11 de febrero del 2022 por los jueces Eduardo Rafael Riggi, Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos, de la Sala III de la misma cámara, quienes decidieron de manera unánime confirmar la decisión mayoritaria de sus pares.
Luego de esa resolución, el Tribunal Oral Federal de Jujuy, con la incorporación del juez Abel Fleming debido al fallecimiento de Juárez Almaraz, retomó el debate, avanzó con el juicio de determinación de pena y el 7 de marzo de 2022 resolvió la condena de los seis acusados.
La defensa de los exjefes policiales interpuso un recurso extraordinario directo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue rechazado. El posterior recurso de queja fue desestimado el 14 de agosto pasado.
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