El Expreso de Jujuy
Lejos estuvieron de cumplir con las facultades otorgadas por Ley 5885 de creación de la Oficina Anticorrupción, donde el artículo 2 estipula que tiene entre sus atribuciones “recibir las denuncias que hicieren particulares o agentes públicos que se relacionen con su objeto e Investigar a los agentes públicos a los que se atribuya la comisión de actos de corrupción o relacionados con su objeto. Estas investigaciones se impulsarán de oficio o por denuncia que hiciere cualquier ciudadano”.
En este caso no se le recibió ninguna denuncia al Dr. Gaspar, prácticamente tuvo que prestar declaración indagatoria y explicar porque hizo denuncias públicas contra el estado provincial. Pero además le exigieron que “aporte pruebas a sus dichos en los medios nacionales y provinciales”.
Según Josefa Herrera “la política de salud estaba bien direccionada” y por lo tanto no había motivo para “difamar” al gobierno ni a su política de salud.
“Le respondí que ratificaba todo lo expresado en los medios y que mi pruebas está en los números de infectados y fallecidos y cómo se fueron dando los hechos cronológicos desde junio hasta la fecha” afirmó el Dr. Gaspar luego de la indagatoria.
La oficina anticorrupción, afirmó que en virtud de las declaraciones periodísticas sobre presuntos hechos de corrupción durante la pandemia de COVID-19, inició investigaciones de oficio y convocó al legislador provincial Emanuel Martín Palmieri y a otros ciudadanos de la provincia a fin que aporten las pruebas necesarias para avanzar en la investigación.
La Fiscal, Dra. Josefa Herrera, afirmó que la convocatoria al diputado provincial Palmieri es importante por su carácter de legislador y representante del pueblo, lo cual lo pone en condiciones de contribuir al esclarecimiento de los hechos denunciados.
En realidad se trata de una estrategia para evitar investigar a su propio jefe político y al responsable de la salud de Jujuy el Dr. Gustavo Bouhid quien tendría que ser el primero en presentarse a declarar.
