Fernando Burgos
En una entrevista con el programa radial "Preso en mi Ciudad" de Sky FM 106.1 MHZ, el fiscal Diego Funes ofreció detalles clave sobre el conflicto por la posesión de tierras en Finca El Pongo, luego de que la familia Ibáñez denunciara presuntos atropellos judiciales y policiales durante el reciente desalojo.
Explicó que el conflicto se originó en el fuero civil, "en un juicio civil que inicia el Estado Provincial en contra del señor Ibáñez y en fecha 7 de julio se comunica una resolución de desalojo dictada por la justicia civil”. Al día siguiente, según detalló, se hizo efectivo el desalojo en un amplio predio, pero “no había personas en el lugar al momento del procedimiento, por lo tanto, la jueza de paz entrega la posesión al Estado Provincial”.
Aclaró también que la orden judicial excluía las viviendas familiares: “La orden de desalojo incluye todo el predio, a excepción de dos viviendas, los corrales de animales y un reservorio de agua. La casa no fue objeto de desalojo”, enfatizó.
Sobre los hechos posteriores al desalojo, el fiscal relató que “el Estado comenzó a realizar actos posesorios, como instalar maquinaria y cercar el terreno, y que en ese momento surgieron interrupciones: “Personas se paraban frente a las máquinas, hacían fogatas y rompían los cercos”.
A raíz de estas acciones, “se imputó a varias personas por el delito de turbación de la posesión, conforme al artículo 181 del Código Penal”, confirmó Funes. Respecto a la situación de un menor incluido entre los involucrados, aclaró: “No se puede promover acción penal contra una persona menor de edad. Se activó la causa y se trató conforme al protocolo correspondiente”.
Ante denuncias de supuestos excesos policiales, el fiscal fue tajante: “No advierto que haya un proceder irregular de la policía. Actuaron acompañando a la jueza de paz y luego intervinieron ante la comisión de delitos, como corresponde”.
También rechazó la politización del caso: “No me corresponde analizar intencionalidades políticas. Mi tarea es investigar hechos, no especulaciones”.
Finalmente, Funes subrayó que el derecho sobre las tierras fue resuelto por la justicia civil y que las vías de hecho no son el camino adecuado:
“No se puede parar enfrente de una máquina e impedir que avance, porque la justicia civil le dio la razón al Estado Provincial. Si uno considera injusta una resolución, debe acudir a la justicia, no a la vía de hecho. Eso configura un delito penal”.
Con estas declaraciones, el fiscal Funes buscó traer claridad legal ante un conflicto de alta sensibilidad social en Ciudad Perico, que ha generado preocupación vecinal, amplia difusión en redes sociales y denuncias cruzadas entre las partes.
