Un grupo de dirigente sociales y vecinos reclamaron en la Legislatura jujeña el apoyo de diputados provinciales y nacionales para evitar el cierre del Fondo de Integración Socio Urbana, un programa nacional que posibilita la realización de distintas obras en barrios populares de todo el país.
JUJUY20 de mayo de 2025
Fernando Burgos
“El Fondo de Integración Socio Urbana financiaba las obras de los más de tres mil seiscientos barrios populares que están dentro del registro RENABAP de nuestro país. En esos barrios viven el diez de la población argentina, estamos hablando de cinco millones de personas que se ven perjudicadas de manera directa porque ya no van a tener acceso a obras de urbanización a realizarse en su barrio, como también este el programa Mi Pieza que queda anulado totalmente y hay muchas familias, mujeres cabeza de hogar que salieron sorteadas y todavía no recibieron el dinero” afirmó Marcelo Cavero referente del sector.
“Estamos pidiendo el apoyo expreso de los legisladores de nuestra provincia en contra del cierre de este fondo. Se perjudica directamente a cien mil personas que habitan los ciento cincuenta y nueve ciento cincuenta y nueve barrios populares que hay en Jujuy. Son veintiocho obras que se estuvieron realizando en Jujuy, algunas fueron finalizadas y otras quedaron a la mitad y está la incertidumbre porque depende ahora directamente del tesoro nacional la continuidad del programa”, destacó Cavero.
“Esperamos el acompañamiento no solo de la legislatura sino también de todos los legisladores por Jujuy a nivel nacional que apoyen y se expresen repudiando este cierre arbitrario y perjudicial en contra de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad", puntualizó.
Hasta el año pasado, el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) financiaba obras en el 85% de los 6.467 barrios populares registrados en el RENABAP. Entre sus logros destacan la implementación de infraestructura básica, la prevención de desalojos y el inicio de una reparación histórica. Gracias a esta política, 250.000 familias accedieron a servicios esenciales como agua potable, electricidad segura y saneamiento. Además, se mejoraron escuelas, se construyeron plazas, espacios deportivos y comunitarios, todo esto con la activa participación de cooperativas conformadas por los propios vecinos y vecinas. Estas obras generaron más de 25.000 puestos de trabajo directos.
La principal fuente de financiamiento del FISU provenía del Impuesto PAIS, del cual un 9% de lo recaudado estaba destinado a obras de integración socio-urbana. Sin embargo, el Decreto Nº 193 del 23 de febrero de 2024 dispuso una reducción drástica de ese porcentaje, asignando solo un 0,3% al FISU. Esto significó una baja de 35.000 millones de pesos mensuales a apenas 2.000 millones, es decir, una disminución del 96%, situación que no se vio acompañada con la asignación de otra fuente de financiamiento pese a las promesas presentadas en el informe 140 de Jefatura de Gabinete ante el Congreso de la Nación. Este brutal ajuste ha dejado a la política de integración socio-urbana al borde de su extinción.
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