Funcionarios y exfuncionarios que trabajaron en el gobierno de Gerardo Morales, fueron imputados por la justicia federal en el marca de una causa donde se investigan delitos de defraudación a la administración pública ante la demanda judicial que realizó la comunidad originaria de Caspalá.
JUDICIALES23 de diciembre de 2024
Fernando Burgos
Los imputados son la exministra de Educación María Teresa Bovi; José Torrejón, quien es funcionario del área de Infraestructura Educativa; y funcionarios del Ministerio de Educación como María Cecilia Rotondo asesora legal , María Victoria Martínez Fascio, secretaria de Infraestructura. También Diego Ignacio Montenovi, de la Fiscalía de Estado, y el ex comisionado y actual vocal de la Comisión Municipal de Caspalá Natividad Apaza.
Los imputados se negaron a declarar en esta audiencia, excepto Torrejón, en este proceso judicial intervino la jueza federal de Garantías Carina Inés Gregoraschúk y la fiscal Lucía Romina Orsetti.
Las comunidades indígenas se reunieron en la plaza Central de la capital jujeña, frente a Casa de gobierno; esperando novedades y justicia para la comunidad de Caspalá, con carteles que decían «Caspalá será Justicia», «Sentencia a los Morales», «Defendiendo nuestros territorios», entre otras expresiones.
Después de la diez horas la oficina Judicial de Salta Sub sede Jujuy, inició la audiencia de modo virtual , a la cual asistieron funcionarios y ex funcionarios que fueron anteriormente notificados y la comunidad de Caspalá y antes del medio día se formalizó la imputaciones a los acusados.
Las comunidades se congregaron desde las nueve de la mañana exigiendo justicia, y esperaron que avancen en las imputaciones a funcionarios que afectaron a la comunidad, a sus territorios y sitios arqueológicos, generando un trauma social destruyendo la cancha comunitaria, persiguiendo a miembros de la comunidad y colmando de policías al pueblo de Caspalá, sumando a ello la violenta represión ocurrida a fines de noviembre de 2022.
En esta jornada las comunidades indígenas congregadas bajo el nombre de Defendiendo Territorios, tienen planificado reunirse en asamblea esta tarde para abordar ejes que afectan a los pueblos indígenas en defensa de sus territorios, en contra de la privatización de la salud con la reciente ley 6453 , en la cual exigen que el ciudadano pague mensualmente cincuenta mil pesos para poder ser atendidos en los hospitales y salitas sanitarias, caso contrario demostrar mediante gestiones burocráticas que viven en condiciones de indigencia.
Los pueblos indígenas están siendo golpeados con violencias y políticas de genocidios ejecutadas por el gobierno nacional y provincial con amenazas de desalojos en sus territorios, avances de empresas mineras sin consulta con las comunidades . Ahora la privatización de la salud, que amenaza la calidad de vida y salud de comunidades indígenas y de toda la sociedad jujeña.
Fuente: Originarios.ar
El hecho sucedió el pasado 19 de diciembre cuando un bebé de dos meses fue hallado sin vida en una finca de Monterrico. El hombre se lo había arrebatado a su madre luego de violar una orden de restricción de acercamiento.
El individuo que conducía una camioneta de alta gama, en evidente estado de ebriedad y que casi provocó una fatalidad en inmediaciones de la ex Terminal de ómnibus, el pasado 8 de diciembre, deberá resarcir económicamente a la vendedora ambulante que sufrió un fuerte golpe y todavía se recupera. Pero además el joven de 19 años deberá realizar tareas comunitarias, el cumplimiento de condiciones supervisadas por la Oficina de Control y Probation del MPA.
Ocurrió en Paraje cercano a Los Lapachos, Monterrico, donde un sujeto se apersonó a la casa de su ex pareja a pesar de tener medidas restrictivas y la mujer un botón antipánico. Bajo amenazas, se llevó al bebé de 2 meses de vida y en pocos minutos lo mató.
Un hombre identificado como A. A. L. fue condenado a la pena de 12 años y 6 meses de prisión por ser autor penalmente responsable del delito de “Abuso sexual con acceso carnal dos hechos en concurso real”; ilícitos perpetrados contra una menor de edad en una localidad cercana a la ciudad de San Salvador de Jujuy.
En un operativo sin precedentes realizado el martes en las primeras horas de la mañana, el Ministerio Público de la Acusación (MPA), con la colaboración de fuerzas policiales allanó simultáneamente en La Quiaca, Abra Pampa, Orosmayo y Liviara distintos domicilios y lugares donde realizaban la extracción de oro de manera artesanal, pero a un esquema industrial, utilizando recursos logísticos avanzados.
En neve operativos contra el narcomenudeo realizados en distintos puntos de la provincia en los últimos 20 dias, se secuestraron más de $6,3 millones en efectivo, junto con clorhidrato de cocaína, marihuana y herramientas utilizadas para la comercialización de sustancias ilegales.
La presentación la realizó el Secretario General de U.T.H.G.R.A Juan Carlos Martínez quien aseguró que abordan transversalmente todas las problemáticas de los jujeños.
Funcionarios y exfuncionarios que trabajaron en el gobierno de Gerardo Morales, fueron imputados por la justicia federal en el marca de una causa donde se investigan delitos de defraudación a la administración pública ante la demanda judicial que realizó la comunidad originaria de Caspalá.
La dirigente se mostró muy preocupada por la falta general de autocrítica de los diferentes espacios y sobre todo de la dirigencia justicialista, que para ella es un paso necesario para encarar cualquier propuesta seria de cara a las contiendas electorales que se vienen, pero sobre todo por la imperiosa necesidad de darle soluciones a la gente.
La Senadora Nacional Carolina Moisés presentó un recurso de amparo y solicitó formalmente al gobernador de Jujuy el veto de la Ley Nº 6.453, conocida como SEPROSA.