Caspalá: IMPUTAN A FUNCIONARIOS POR DEFRAUDACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Los imputados son la exministra de Educación María Teresa Bovi; José Torrejón, quien es funcionario del área de Infraestructura Educativa; y funcionarios del Ministerio de Educación como María Cecilia Rotondo asesora legal , María Victoria Martínez Fascio, secretaria de Infraestructura. También Diego Ignacio Montenovi, de la Fiscalía de Estado, y el ex comisionado y actual vocal de la Comisión Municipal de Caspalá Natividad Apaza.

Los imputados se negaron a declarar en esta audiencia, excepto Torrejón, en este proceso judicial intervino la jueza federal de Garantías Carina Inés Gregoraschúk y la fiscal Lucía Romina Orsetti.

Las comunidades indígenas  se reunieron en la plaza Central de la capital jujeña, frente a Casa de gobierno; esperando novedades y justicia para la comunidad de Caspalá, con carteles que decían «Caspalá será Justicia», «Sentencia a los Morales», «Defendiendo nuestros territorios», entre otras expresiones.

 
Después de la diez horas la oficina Judicial de Salta Sub sede Jujuy, inició la audiencia de modo virtual , a la cual asistieron funcionarios y ex funcionarios que fueron anteriormente notificados y la comunidad de Caspalá y antes del medio día se formalizó la imputaciones a los acusados.

Las comunidades se congregaron desde las nueve de la mañana exigiendo justicia, y esperaron que avancen en las imputaciones a funcionarios que afectaron a la comunidad, a sus territorios y sitios arqueológicos, generando un trauma social destruyendo la cancha comunitaria, persiguiendo a miembros de la comunidad y colmando de policías al pueblo de Caspalá, sumando a ello la violenta represión ocurrida a fines de noviembre de 2022.

En esta jornada las comunidades indígenas congregadas bajo el nombre de Defendiendo Territorios, tienen planificado reunirse en asamblea esta tarde para abordar ejes que afectan a los pueblos indígenas en defensa de sus territorios, en contra de la privatización de la salud con la reciente ley 6453 , en la cual exigen que el ciudadano pague mensualmente cincuenta mil pesos para poder ser atendidos en los hospitales y salitas sanitarias, caso contrario demostrar mediante gestiones burocráticas que viven en condiciones de indigencia.

 
Los pueblos indígenas están siendo golpeados con violencias y políticas de genocidios ejecutadas por el gobierno nacional y provincial con amenazas de desalojos en sus territorios, avances de empresas mineras sin consulta con las comunidades . Ahora la privatización de la salud, que amenaza la calidad de vida y salud de comunidades indígenas y de toda la sociedad jujeña.
 

Fuente: Originarios.ar