El Gobierno reglamentó este lunes el primer tramo de la Ley Bases. El objetivo es comenzar a poner en marcha algunos cambios, principalmente los pasos administrativos para avanzar sobre las privatizaciones, la reorganización del Estado y cuestiones vinculadas al empleo público.
NACIONALES05 de agosto de 2024
El Expreso de Jujuy
En primer lugar, el Ejecutivo queda habilitado a reordenar la administración pública de acuerdo a algunos lineamientos. En el texto aprobado de la Ley Bases, de hecho, menciona que puede reducir la estructura Estatal para achicar el déficit de las cuentas públicas.
De esta manera, esta reglamentación permite al Gobierno modificar, eliminar, reorganizar, fusionar e incluso transferir a las provincias el manejo de organismos descentralizados. De este punto quedan excluidos las universidades nacionales, los órganos del poder judicial o legislativo. Tampoco se podrán disolver algunos organismos como el CONICET, la ANMAT, ENACOM, el INCAA, la CONEAU, el INCUCAI, el INTA, el CENARD, el SENASA, entre otros.
También autoriza al Ejecutivo a modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios; aunque de acuerdo a la ley queda exceptuado el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.
El capítulo de las privatizaciones que propuso el Ejecutivo en la Ley Bases sufrió diversas modificaciones. De las 41 empresas presentadas en el proyecto original y tras varias negociaciones mediante, Diputados finalmente habilitó a que seis empresas pasen a manos privadas y otras dos cambien su estructura.
A partir de la aprobación en la Cámara Baja, hay dos compañías -ENARSA e Intercargo- que quedan sujetas a privatización total, mientras Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad operadora ferroviaria S.E (Sofse) y Corredores Viales pueden privatizarse o entregarse en concesión.
Aunque esto no es todo. La Ley Bases también prevé que dos empresas cambien su esquema. Se trata de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima y Yacimientos carboníferos Río Turbio (YCRT). En estos dos casos en particular, se estipula que las empresas organicen un programa de propiedad privada para el cual se colocarán una serie de acciones, pero el Estado nacional debe mantener la participación mayoritaria.
De todos modos, pese a la aprobación en Diputados, el traspaso hacia el sector privado de las empresas no será inmediato. En principio, la ley dispone que la AGN deberá realizar un examen respecto del proceso de privatización de cada una de las compañías “evaluando el cumplimiento de los aspectos legales y financieros”.
Otro de los puntos principales es la reducción del empleo público. A partir de la reglamentación, el Gobierno estará habilitado a quedarse con la “dotación óptima necesaria” y parte del personal podría quedar “en situación de disponibilidad por un período máximo de hasta 12 meses”.
Asimismo, la normativa fija que el personal tendrá “derecho a igualdad de oportunidades en el desarrollo de la carrera administrativa, a través de los mecanismos que se determinen”. Y menciona que las vacantes solo podrán ser obtenidas “mediante sistemas de selección de antecedentes, méritos y aptitudes”.
Esto coincide con el pedido de Federico Sturzenegger, que había adelantado que una de sus primeras gestiones sería la de impulsar un examen de ingreso para trabajar en el Estado.
En relación a los contratos y acuerdos transaccionales, el Ejecutivo podrá renegociar o rescindir los contratos de obra pública, de concesión de obra pública y de construcción de bienes y servicios, y sus contratos anexos cuyos montos superen los diez millones de módulos y hayan sido celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023.
“Resulta económica y financieramente inconveniente para el interés público la suspensión o rescisión de los contratos de obra pública que se encontraran físicamente ejecutadas en un 80% a la fecha de la sanción de la presente ley; o que cuenten con financiamiento internacional para su concreción”, dice la reglamentación y detalla que en caso de que esos contratos estén suspendidos, su ejecución tendrá que ser firmada por contratante y contratista y deberá ser suscrita dentro de 90 días desde la publicación de la presente ley.
Los gobernadores y legisladores opositores buscan fijar un cronograma estricto de debate para que la ley salga antes de que finalicen las sesiones ordinarias. Los gobernadores adelantaron que no convalidarán una prórroga del presupuesto por tercer año seguido.
En el medio del conflicto con gobernadores por el veto a la Ley que establecía una reforma en la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el gobierno nacional transfirió el pasado viernes $ 12.500 millones a cuatro provincias por ese mismo concepto.
Tras el veto a la ley de ATN, el Gobierno evalúa otorgar préstamos para financiar a las provincias. El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, señaló que “es posible” avanzar en otro tipo de alternativa para brindar más recursos de ese tipo a los gobernadores. La semana que viene, el Senado tratará la norma que redistribuye nuevos fondos a las provincias.
La inflación del mes de agosto fue del 1,9% y se ubicó por debajo de lo esperado, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
El presidente Javier Milei encabezó una reunión con Francos, Luis Caputo y Catalán y anunció la creación de la mesa federal que articulará con gobernadores. Tras la abultada derrota bonaerense, Nación anunció la vuelta del Ministerio del Interior y designó a Lisandro Catalán al frente de la cartera.
Hasta las 18 horas, la totalidad de las meses cerraron la votación y se prevé una participación de un poco más del 50% del electorado. La Libertad Avanza y Fuerza Patria pelean cabeza a cabeza en las ocho secciones electorales y se disputan el reparto de poder de la nueva Legislatura.
Dos agentes de policías femeninas, que se pelearon por el amor de un oficial de alto rango en la comisaría de Rodeíto, Jujuy deberán afrontar un sumario administrativo y traslados a distintas unidades, luego de protagonizar un bochornoso hecho de celos, llegando a trenzarse a golpes dentro de una comisaría.
Vecinos del barrio ubicado sobre Ruta 66, sobre avenida Juella expresaron su preocupación por la acumulación de basura, escombros y hasta animales muertos en distintas cuadras. Además afirmaron que hay falencias en la recolección de residuos y en la iluminación, lo que incrementa la inseguridad en la zona y píden al intendente Raúl Jorge, una intervención urgente en el lugar.
Durante el fin de semana, personal de la Regional 8 intervino en seis siniestros viales, dos de ellos con alcoholemia positiva en conductores de motovehículos. No se registraron heridos de gravedad, aunque crece la preocupación social por el aumento de accidentes y los ruidos molestos vinculados a las motos.
El intendente de San Pedro, Julio Bravo le reclamó al gobernador de la provincia, el envío en un plazo de 20 días, del anteproyecto de ley de Coparticipación Municipal, para que la legislatura comience su tratamiento y lo apruebe antes de fin de año.
La Cámara de Diputados aceptó la renuncia del legislador justicialista Juan Ortega, quién tenía mandato hasta el 10 de diciembre, debiendo asumir en su reemplazo Facundo Figueroa Caballero.