El Gobierno reglamentó este lunes el primer tramo de la Ley Bases. El objetivo es comenzar a poner en marcha algunos cambios, principalmente los pasos administrativos para avanzar sobre las privatizaciones, la reorganización del Estado y cuestiones vinculadas al empleo público.
NACIONALES05 de agosto de 2024
El Expreso de Jujuy
En primer lugar, el Ejecutivo queda habilitado a reordenar la administración pública de acuerdo a algunos lineamientos. En el texto aprobado de la Ley Bases, de hecho, menciona que puede reducir la estructura Estatal para achicar el déficit de las cuentas públicas.
De esta manera, esta reglamentación permite al Gobierno modificar, eliminar, reorganizar, fusionar e incluso transferir a las provincias el manejo de organismos descentralizados. De este punto quedan excluidos las universidades nacionales, los órganos del poder judicial o legislativo. Tampoco se podrán disolver algunos organismos como el CONICET, la ANMAT, ENACOM, el INCAA, la CONEAU, el INCUCAI, el INTA, el CENARD, el SENASA, entre otros.
También autoriza al Ejecutivo a modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios; aunque de acuerdo a la ley queda exceptuado el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.
El capítulo de las privatizaciones que propuso el Ejecutivo en la Ley Bases sufrió diversas modificaciones. De las 41 empresas presentadas en el proyecto original y tras varias negociaciones mediante, Diputados finalmente habilitó a que seis empresas pasen a manos privadas y otras dos cambien su estructura.
A partir de la aprobación en la Cámara Baja, hay dos compañías -ENARSA e Intercargo- que quedan sujetas a privatización total, mientras Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad operadora ferroviaria S.E (Sofse) y Corredores Viales pueden privatizarse o entregarse en concesión.
Aunque esto no es todo. La Ley Bases también prevé que dos empresas cambien su esquema. Se trata de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima y Yacimientos carboníferos Río Turbio (YCRT). En estos dos casos en particular, se estipula que las empresas organicen un programa de propiedad privada para el cual se colocarán una serie de acciones, pero el Estado nacional debe mantener la participación mayoritaria.
De todos modos, pese a la aprobación en Diputados, el traspaso hacia el sector privado de las empresas no será inmediato. En principio, la ley dispone que la AGN deberá realizar un examen respecto del proceso de privatización de cada una de las compañías “evaluando el cumplimiento de los aspectos legales y financieros”.
Otro de los puntos principales es la reducción del empleo público. A partir de la reglamentación, el Gobierno estará habilitado a quedarse con la “dotación óptima necesaria” y parte del personal podría quedar “en situación de disponibilidad por un período máximo de hasta 12 meses”.
Asimismo, la normativa fija que el personal tendrá “derecho a igualdad de oportunidades en el desarrollo de la carrera administrativa, a través de los mecanismos que se determinen”. Y menciona que las vacantes solo podrán ser obtenidas “mediante sistemas de selección de antecedentes, méritos y aptitudes”.
Esto coincide con el pedido de Federico Sturzenegger, que había adelantado que una de sus primeras gestiones sería la de impulsar un examen de ingreso para trabajar en el Estado.
En relación a los contratos y acuerdos transaccionales, el Ejecutivo podrá renegociar o rescindir los contratos de obra pública, de concesión de obra pública y de construcción de bienes y servicios, y sus contratos anexos cuyos montos superen los diez millones de módulos y hayan sido celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023.
“Resulta económica y financieramente inconveniente para el interés público la suspensión o rescisión de los contratos de obra pública que se encontraran físicamente ejecutadas en un 80% a la fecha de la sanción de la presente ley; o que cuenten con financiamiento internacional para su concreción”, dice la reglamentación y detalla que en caso de que esos contratos estén suspendidos, su ejecución tendrá que ser firmada por contratante y contratista y deberá ser suscrita dentro de 90 días desde la publicación de la presente ley.
La expectativa de inflación promedio para los próximos 12 meses a nivel nacional se ubicó en 29,7% durante noviembre, lo representa una baja de 7,3 puntos en comparación con octubre (37%).
El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunirá este viernes 28 con el gobernador de la provincia de Jujuy, Carlos Sadir, en el marco de la serie de encuentros que tiene en agenda con los mandatarios provinciales.
El economista Christian Buteler alertó sobre el actual nivel de morosidad en los créditos de las familias, calificándolo como “el más alto en los últimos 15 años”.
Se dedicará a profundizar la vigilancia de las fronteras. El Gobierno avanzará con la creación de la Policía Migratoria, contemplada en la Ley de Migraciones, y que reemplazará a la Gendarmería en la cobertura de seguridad en las fronteras y a la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) en aeropuertos.
Estatales piden 118% de aumento, salario mínimo de $2.027.283 y bono de $250.000 mensual. Según un informe de ATE, el Indec fijó la Canasta de Consumos Mínimos en $2.027.283 para una familia un fuerte aumento salarial para compensar la pérdida del 54,8% desde 2015.
El inicio del tradicional Black Friday en Ciudad del Este derivó en un caos generalizado con escenas de pugilato y descontrol. Bajo el lema "Descuentos sin fronteras", la feria comercial que une a Paraguay, Brasil y Argentina provocó una verdadera "estampida humana" ante la promesa de conseguir tecnología y perfumería a precios de remate.
El concejal radical presentó esta mañana su renuncia a la banca en el Concejo Deliberante Capitalino, con la expectativa de ser nombrado nuevo miembro del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy. Aguiar terminaba su mandato ahora el 10 de diciembre y su renuncia será abordada mañana en el Deliberante.
Para hoy a las 10 de la mañana estaba prevista la realización de la 11° Sesión ordinaria de la Legislatura de Jujuy. Sin embargo pasado el mediodía no comenzó el debate, debido a que los legisladores están negociando con el ejecutivo la incorporación de tres nuevos miembros del Superior Tribunal de Justicia.
En horas de la mañana, el gobernador recibió la carta de renuncia que habría presentado la Juez del Superior Tribunal de Justicia, Laura Lamas.
Se tratan de los abogados Gonzalo César de la Colina, Estéban Eduardo Uriondo, Jorge Lisandro Aguiar y Emma María Mercedes Arias, cuyos pliegos fueron aprobados en Sesión Especial realizada esta tarde en la Legislatura de Jujuy y cubrirán los cargos vacantes que existe actualmente en el máximo organismo judicial de la provincia.
En la semana vecinos del barrio Villa Florida, se mostraron indignados por el cierre del acceso principal ubicado en la Quebrada La Palmeras. La realización de una obra por parte de Vialidad Nacional, justifica dicha acción debido a que se construirá una pasarela peatonal, la colectora que llegará hasta el pueblo de Tilcara y se instalarán semáforos, que brindarán mayor seguridad a peatones y automovilistas que diariamente utilizan esa vía.