El Expreso de Jujuy
Gastón Remy, Natalia Morales y Miguel López señalaron que el énfasis puesto en el otorgamiento de todo tipo de beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros a las multinacionales extractivistas tendrán como resultado un salto de la subordinación del país al capital financiero internacional y consecuencias socio ambientales de gravedad.
Asimismo, alertaron sobre la gravedad de que los juicios que se hagan a las empresas adheridas al Rigi se resolverán en cortes internacionales donde la Argentina siempre pierde y que, respecto a la provincia blinda toda la estructura fiscal local, a medida de las grandes empresas exportadoras que no podrá tener cambios durante 30 años.
También advirtieron que se cercena derechos a las comunidades que decidan iniciar un juicio contra una minera por daños ambientales o porque no se respetan los derechos vigentes sobre su territorio, como es la consulta previa, libre e informada y su reclamo será definido por una corte extranjera que está del lado de las multinacionales.
En el aspecto ambiental, explicaron que con el Rigi las empresas extractivistas tendrán prioridad en el uso de recursos naturales como el agua, lo cual representa un grave problema en la provincia donde el líquido elemento en regiones como la Quebrada y Puna es escaso, antes que las personas que viven en los territorios. Igualmente, señalaron que las empresas podrán exigir la derogación de leyes de protección ambiental existentes.
En esta oportunidad el FITU apunto contra el gobierno provincial y su discurso de que las inversiones como el Rigi implicaran un salto de crecimiento y desarrollo para Jujuy que generara puestos de trabajo y riqueza para las comunidades y todos los jujeños, asegurando que el crecimiento del empleo privado en la provincia está estancado.
En este sentido examinaron la actividad minera de la provincia como área central a la cual apunta el Rigi, asegurado que lo que se busca reproducir es un esquema productivo de “economía de enclave” donde lo que predomina es la extracción de minerales en forma intensiva con destino exportador, con escaso valor agregado local, y un alto impacto ambiental, reproduciendo en forma aguda el carácter dependiente y la estructura exportadora primaria del país y de la provincia.
En el aspecto político criticaron las diferentes posiciones del justicialismo con respecto al Rigi asegurando que no está clara la postura del bloque que es la que debe votar su adhesión en la Legislatura.
Finalmente delinearon un plan de salida a la crisis que también contempla el rechazo a la Ley 5922 y su modificatoria (6081) y de las leyes que facilitan ayudas fiscales a las mineras o ingenios como es de La Esperanza (N° 6285) que otorgan por Ley no pagar por 10 años impuestos provinciales.
Y propusieron que los recursos comunes naturales como el litio, otros minerales o la tierra y el agua, tienen que estar bajo control de los trabajadores y comunidades indígenas que habitan en territorios donde se encuentran los mismos y que por ende deben ser los trabajadores quienes delineen y lleven adelante un plan productivo que contemple las necesidades y demandas de la población.
