Fernando Burgos
También se aprobaron la actualización de los Códigos de Procedimientos Civil y Comercial, de Familia, del Trabajo, Ley Procesal Constitucional, ajustes en la Ley Orgánica del Poder Judicial; y las leyes orgánicas de la Auditoría General de la Provincia, y de los Ministerios Públicos de la Acusación y de la Defensa, todos con el objetivo de adecuar a la nueva Constitución de la provincia también aprobada a medida del gobierno provincial en tiempo récord.
"El Régimen Penal Juvenil hará que el proceso penal juvenil esté de acuerdo con las normas constitucionales, con los tratados internacionales y respete la ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes", explicó la diputada Gisel Bravo.
Sostuvo además que "la nueva ley busca llevar adelante medidas socioeducativas que tiendan a prácticas restaurativas y de reinserción social, evitar la criminalización de las infancias, y sólo en situaciones extremas o excepcionales la privación de la libertad".
La Ley Orgánica de la Auditoría General de la Provincia, la N° 6364, cambia el sistema de control de la gobernabilidad de la Hacienda pública.
Guido Luna afirmó que “este organismo reemplazará al Tribunal de Cuentas y busca mejorar la calidad de control externo que se hace de la rendición de cuentas de toda la administración pública”, agregó.
Por su parte, la Ley N° 6363, de Fundamentos que Respaldan la Sanción de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Jujuy (MPA) adecua la normativa a los nuevos paradigmas que consagran la independencia, autonomía funcional y autarquía financiera del MPA.
El diputado Adriano Morone al respecto dijo que “regula lo que tiene que ver con la organización, funcionamiento, las funciones que debe cumplir y los principios de actuación que deben guiar el trabajo del MPA”.
La Ley N° 6365, Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Provincia (MPD) responde a la necesidad de garantizar acceso a la justicia, que es un derecho fundamental, afirmó la diputada Gabriela Burgos. Cabe recordar que el MPD tiene como función la defensa y protección de derechos humanos, garantiza el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral, en casos individuales y colectivos, de acuerdo a los principios, funciones y previsiones establecidas en la ley.
Las actualizaciones de los Códigos de Procedimientos Civil y Comercial (Ley N° 6358), de Familia (Ley N° 6362), del Trabajo (Ley N° 6361), Ley Procesal Constitucional (Ley N° 6360) y de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley N° 6359) tienen entre sus fines la agilización de los procesos judiciales y el evitar todo tipo de burocracia existente.
La sesión estuvo presidida por el vicepresidente primero, Fabián Tejerina.
