Fernando Burgos
El gremio no obtuvo repuesta del Tribunal Contencioso Administrativo, donde se habilitó un reclamo del gremio en este sentido. Los tres jueces que componen ese órgano judicial, contestaron que la vía de este reclamo, no era éste. Sin embargo en la audiencia de conciliación obligatoria, se reconoció que no existe un instrumento legal que habilite los descuentos de los días de paro, y que la decisión se adoptó en base a un anuncio realizado por el propio gobernador en una conferencia de prensa.
Alejandra Cejas, explicó que “cuando recurrimos la vía del contencioso administrativo y planteamos que tenía que haber una devolución porque el descuento por los días de huelga no estaba reglamentado, ni tampoco existía un dispositivo legal que lo avale, se no contestó que la vía no era el contencioso administrativo”.
Aseveró además que “en la audiencia de conciliación que tuvimos, el juez informó a las partes que podíamos entrar en una conciliación. El procurado que representaba al gobernador Gerardo Morales, dijo que el descuento solamente se habilitó porque hubo una decisión del gobernador en una conferencia de prensa de realizar los descuentos”.
Según la abogada, “la vía procedimental no es esa. Hemos detectado que hay otros gremios que también adhirieron a la huelga, pero a ellos no se les realizó los descuentos y en los casos que si hicieron huelga y tuvieron descuentos, se los reintegró totalmente. A la ilegalidad y a la arbitrariedad de los descuentos sufrida por los docentes, hay que sumarle la discriminación que está sufriendo este gremio en particular, con descuentos exorbitantes porque va más allá del 20% que habilita la ley de contrato de trabajo en su art. 68. Hay que tener en cuenta que el gobierno provincial es la patronal y no puede descontar más del 20%”.
Aclaró además que “los descuentos que se han detectado y se han presentado vía Contencioso administrativo, con la formulación de inclusión de las pruebas que son los recibos salariales, hablan que los descuentos han llegado en algunos casos al 90%”.
Recalcó Cejas que “la ilegalidad se da porque no hay instrumento jurídico que habilite el descuento. El gobernador no puede solamente por manifestarse públicamente, que hay descuento. Tiene que haber un acto procedimental, que es el que objetamos vía contencioso administrativo”.
Anticipó que a consecuencia de que la justicia administrativa no se hace cargo de la situación, “lo tenemos que hacer nosotros y hemos recomendado a la Comisión Directiva que la vía es la penal. Aquí para decirlo en criollo se le metió las manos al bolsillo a un grupo de trabajadores, de manera ilegal, sin que nadie sepa cuál es el criterio. En muchos de los casos no hay inasistencia por parte del docente. Cuando un docente se presenta a preguntar cuál es el parámetro para que se haga el descuento o los límites, no existe ningún dispositivo legal que lo avale”.
“Esto quedó plasmado en el Contencioso administrativo, donde los tres jueces informan que el descuento se hizo por la conferencia de prensa del Gobernador Morales. Eso le permite negociar políticamente con un gremio. Entonces cuando arreglan con un gremio, le devuelven la plata descontada y si no arreglan, no le devuelven la plata” sostuvo Cejas.
Agregó que esta situación puede configurar muchas figuras delictivas y que la valoración la tienen que hacer los fiscales y los jueces en la parte penal. “En los hechos el Estado se ha apropiado de recursos económicos que no le corresponden, que no sabemos dónde fueron y lo manejan aleatoriamente. A quienes quieren castigar se les retiene el sueldo, a quienes no quieren castigar se los devuelve”.
Aclaró además que se va a disponer hasta la primera quincena de octubre, para que los docentes de capital concurran al gremio para acompañarlos y guiarlos ante las autoridades del Ministerio Público de la Acusación, que son los que tienen que recepcionar esta denuncia penal. Para los docentes del interior podrán acercarse con este formulario a las comisarías de su lugar, donde tengan constituidos sus domicilios.
“La vía penal se ha optado a los efectos que se inicie el procedimiento de resarcimiento, para los docentes que se han visto privado de su salario que ha generado este malestar en la familia docente. Ahora viene la vía penal, luego la civil” sostuvo finalmente.
