Fernando Burgos
El desafuero de Débora Juárez de Bracamonte, tuvo efecto con 37 votos a favor. Solo Mariela Ferreyra, Emanuel Palmieri y Alejandro Snopek rechazaron el pedido de la justicia.
La causa por la cual se inicia el pedido de desafuero, nace a partir de una investigación del agente fiscal de Instrucción Penal Ernesto Lian Resúa, por considerarla como supuesta autora penalmente responsable de los delitos de Abuso de Autoridad y Negociaciones Incompatibles con la Función Pública en Concurso Real y Amenazas Coactivas.
Los delitos imputados datan de junio de 2012, cuando la acusada suscribió un compromiso de colaboración con el Estado provincial, a través del entonces Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, acordando la venta de terrenos a particulares para el programa “Un Lote para cada Familia que lo Necesite”, de propiedad de su cónyuge Francisco Fernando Bracamonte, actuando como responsable legal de este último.
Según el fiscal, a base de dicho documento y aprovechándose de la situación de vulnerabilidad habitacional, Juárez suscribió con sus víctimas un convenio y un boleto de compra-venta de inmueble, acordando las condiciones para acceder a un lote habitacional en Fraile Pintado.
Las víctimas realizaron diferentes pagos por el lote, mientras Bracamonte se desempeñaba como funcionaria pública -concejal y luego diputada provincial- en negociaciones que se vieron concretadas en cada pago recibido.
Además de ello, Juárez habría obligado a sus víctimas a trabajar para ella con la amenaza de quitarle el lote si no lo hacía, a lo cual las víctimas accedieron por el temor a perder su lugar para vivir.
Por otra parte, el agente fiscal considera que los hechos de amenazas coactivas fueron como delito continuado, respecto a cada una de las víctimas y como fueron 10 víctimas, deben concursarse realmente 10 hechos.
