Fernando Burgos
“La aprobación del proyecto de ley implica resolver la situación previsional ahora, es dar respuesta a las miles de personas que están esperando poder jubilarse o pensionarse luego de toda una vida de trabajo”, indicaron los representantes provinciales en un comunicado difundido hoy.
Los vicegobernadores agregaron: “Es respetar nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, es poder entender el valor del reconocimiento de la tarea cumplida”.
El documento cuenta con adhesión de los vicegobernadores Verónica Magario (Buenos Aires), Rubén Dusso (Catamarca), Analía Rach Quiroga (Chaco), Ricardo Sastre (Chubut), María Laura Stratta (Entre Ríos) Eber Solis (Formosa), Carlos Haquim (Jujuy); Mariano Fernández (La Pampa), Florencia López (La Rioja), Marcos Koopmann (Neuquén), Alejandro Palmieri (Río Negro), Antonio Marocco (Salta).
También adhirieron de Roberto Gattoni (San Juan), Eduardo Mones Ruiz (San Luis), Eugenio Quiroga (Santa Cruz), Alejandra Rodenas (Santa Fe), Carlos Silva Neder (Santiago del Estero), Mónica Urquiza (Tierra del Fuego), Sergio Mansilla (Tucumán) y Carlos Arce (Misiones).
El oficialismo de la Cámara de Diputados, con el respaldo de una serie de bloques opositores intermedios -ajenos a Juntos por el Cambio (JxC)-, busca concretar antes de fin de mes una sesión para debatir y aprobar el proyecto de ley que establece un plan de pago de deuda previsional que permitiría a unas 800.000 personas que no cuentan con aportes suficientes poder acceder a la jubilación.
En el texto se recuerda que “en nuestro país las moratorias previsionales existen como política pública y permitieron el acceso al derecho constitucional del beneficio de la seguridad social a más de tres millones de personas que habiendo alcanzado la edad jubilatoria, 60 años las mujeres y 65 años los varones, no contaban con los 30 años de servicios con aportes requeridos por la ley 24.241”.
Asimismo expresan que estas políticas “implican el reconocimiento de las dificultades de las y los trabajadores a la hora de reunir los servicios con aportes en el complejo mercado laboral y también la valoración del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado”.
En la actualidad estamos ante “un paradigma en el que se intenta poner en juego las capacidades estatales con críticas sistemáticas y a la vez carentes de soporte normativo al rol del Estado como administrador y dinamizador de la economía” y destacaron que se “desconoce el rol fundamental que debe asumir en el desarrollo económico y social”, detallaron los vicegobernadores.
En ese sentido, a manera de ejemplo, recuerdan que “la pandemia puso de manifiesto la importancia de contar con instituciones sólidas, como la Anses, que aseguren el bienestar” y plantean que a pesar de “todos los intentos de subestimar y descalificar su rol ordenador de políticas justas y solidarias, fue capaz de resistir con eficiencia y resultados concretos el embate de políticas de ajuste y medidas de reducción del bienestar del neoliberalismo de los últimos años”.
En el comunicado se cita un informe del CEPA (Centro de Economía Política Argentina) que indica que en “la actualidad existen más de 1,5 millones de personas en edad jubilatoria que no cuentan con los 30 años de aportes que exige la ley, según los datos publicados por el Boletín Estadístico de la Seguridad Social de ANSES”.
“De ese número, 906.876 tiene aportes, pero no los suficientes para iniciar el trámite jubilatorio y 680.724 directamente no cuenta con aporte alguno para poder acceder a la prestación” y destaca que el informe confirma la desigualdad en términos de género dado que “522.991 son mujeres, es decir, 46,1% de quienes están próximas a cumplir la edad jubilatoria, y 157.733 son hombres, el 17,67% del total de casos varones”.
“La desocupación e informalidad laboral persistente implican fundamentalmente que buena porción de trabajadores y trabajadoras no logran cumplir con el extremo legal de años de aportes cuando llegan a la edad jubilatoria” señalaron en el texto y subrayaron que en ese escenario “las más afectadas son las mujeres, que históricamente presentan mayores tasas de desocupación e informalidad que los varones”.
Los vicegobernadores mencionan que ante esta situación la posibilidad de regularizar aportes con la vigente Ley 24.476 “queda limitada hasta la fecha de corte que establece la misma ley (30 de septiembre de 1993)” y recuerda que “la ley 26.970, que perdió vigencia el 31 de diciembre de 2022, permitió ampliar el acceso al derecho previsional ya que establecía la posibilidad de regularizar la deuda previsional con fecha de corte hasta diciembre de 2003, habilitando así la posibilidad de regularizar mayor cantidad de años solamente para las mujeres ya que no permitía el acceso a los varones”.
“Como puede observarse, a medida que pasa el tiempo, las dificultades de acceso también se incrementan”, destacaron y resaltaron que ante este panorama “resulta imperioso apoyar el proyecto Plan de Pago de Deuda Previsional”.
“Pensar este proyecto tal como lo relatan algunos sectores, hablar de ‘reconocimiento al esfuerzo’, ‘declaración de la deuda como amnistía’, o pensar que acompañando se generan ‘desincentivos’ e incluso proponer derogar el valioso art. 125 de la ley 24.241 que establece el valioso haber mínimo garantizado, implica desconocer el carácter alimentario de la prestación y los principios de sustitutividad, proporcionalidad y solidaridad que rigen en materia previsional”, señalaron.
