Fernando Burgos
"No se tocó el tema de la detención de Milagro Sala y la Justicia argentina no tiene posibilidades de tratar ese tema porque es una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)", aclaró Luis Paz, uno de los abogados defensores.
En ese sentido, consideró que la Corte IDH, "es un órgano supraestatal y el máximo tribunal del país no se metió" en torno a la situación de prisión, por lo que Sala "seguirá soportando la condena bajo la modalidad domiciliaria", completó.
La resolución del máximo tribunal indica que "el recurso extraordinario, cuya denegación motivó la presente queja, resulta inadmisible".
En el texto, los cuatro integrantes del máximo tribunal señalan que "es un criterio sostenido por esta Corte que la autonomía que la Constitución Nacional reconoce a las provincias requiere que se reserven a sus jueces las causas que en lo sustancial del litigio versen sobre aspectos propios de esa jurisdicción, en virtud del respeto debido a sus facultades de darse sus propias instituciones y regirse por ellas".
El fallo está firmado por los cuatro jueces de la Corte: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.
"Yo no esperaba otro fallo. Los poderes judiciales son los enemigos del pueblo. Están infectados por todos lados", enfatizó el abogado de Sala, que participó del debate judicial y en múltiples oportunidades denunció "las irregularidades" durante la investigación.
En ese marco, manifestó que existen "jueces y juezas corrompidos" en el sistema judicial en general, y sostuvo que la "respuesta institucional la vamos a encontrar en la Corte IDH".
En tanto, el gobernador jujeño Gerardo Morales señaló desde sus redes: "A partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratifica la condena de Milagro Sala, he solicitado a la Fiscalía de Estado de la Provincia que, como querellante de la causa judicial, requiera que se cumpla la pena en cárcel común".
Sobre ese punto, la defensa de la máxima referente de los movimientos sociales en Jujuy manifestó que desde siempre esa "fue una expresión de deseo" del mandatario provincial.
En el juicio oral que culminó en enero del 2019, el Tribunal Oral en los Criminal 3 aplicó la pena de 13 años de prisión para Sala, al considerarla responsable del delito de asociación ilícita en su carácter de jefa de la misma.
En el juicio de los "Pibes Villeros", además de a la dirigente, se investigó a 29 acusados, entre ellos exfuncionarios provinciales y cooperativistas, por una supuesta defraudación al Estado para la construcción de viviendas sociales.
