El Expreso de Jujuy
El veredicto de este proceso oral y público llegó tras cuatro años de audiencias, en las que declararon al menos 200 testigos, quienes dieron cuenta de los homicidios, privaciones ilegitimas de la libertad, tormentos y torturas que se perpetraron en Jujuy en tiempos del terrorismo de Estado.
En el prolongado debate que tuvo esta causa se juzgó también por primera vez en la historia judicial de la provincia casos de abuso de sexual que se cometieron en el contexto del plan sistemático de aniquilación y violación de los derechos humanos que aplicó la última dictadura.
La lectura de la sentencia inició poco después de las 18, mientras una gran cantidad de integrantes de organismos de Derechos Humanos y colectivos sociales seguía la resolución del debate a las afueras del recinto judicial en pleno centro de la capital jujeña al grito de “asesinos” y cánticos contra los represores.
La pena de cadena perpetua fue impuesta a los imputados Juan Carlos Jones Tamayo (exjefe de la Central de Inteligencia conocida como “Área 323”); José Américo Lescano (excomisario de la Policía de Jujuy); Juan Carlos Lucero (exalcalde y jefe la Sección Seguridad Interna del Penal de Villa Gorriti) y Ceferino Narváez (exjefe de Guardia de Seguridad Externa del Penal de Villa Gorriti).
En tanto el resto de los acusados entre ellos ex efectivos del Ejercito, Gendarmería, la policía y servicio penitenciario jujeño, recibieron penas de entre 5 años y 25 años de prisión, y solo uno de los acusados fue absuelto por el beneficio de la duda.
Este proceso fue considerado como una "megacausa porque contempló la unificación de 16 expedientes y ventiló los vejámenes en perjuicio de trabajadores desaparecidos en el ingenio Ledesma, Mina El Aguilar y otras sobre detenciones ilegales y desapariciones ocurridas durante el terrorismo de Estado iniciado 1976 en la provincia.
“Tenemos que celebrar que conseguimos una sentencia después de tantos años de juicio con diferentes penas para los imputados, entre ellas cadena perpetua, 25 años de prisión y algunas otras que son muy bajas”, señaló a Télam Paula Álvarez Carreras, abogada querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, tras conocerse el veredicto.
La asesora legal también puso en valor que en este debate se resolvió “la primera condena por delitos sexuales -en relación a la pena que recayó sobre el imputado Bernardo Salinas-, señalado por las víctimas en reiteradas oportunidades”, sostuvo.
Sobre un escenario montado en la calle céntrica jujeña que reflejaba el número 30.000 en alusión a los desaparecidos durante la última dictadura militar, Susana Pagliero, esposa de Carlos Patrignani, abogado desaparecido en el ingenio Ledesma, manifestó su satisfacción tras conocerse la decisión del tribunal.
"Cumplí mis 30 años en la cárcel. Hoy tengo 75 años y me siento acompañada por la lucha de todos ustedes. Pasaron 45 años, pero llegó la justicia. Cuando me largaron de la prisión me dijeron que mi esposo estaba muerto y que si lo reclamaba, mi familia y la suya iban a desaparecer. También me amenazaron diciendo que había una bala para mí”, recordó Susana al hablar ante los manifestantes.
A su vez, Felipe Noguera, perseguido político en la dictadura, sostuvo que con este fallo “se reafirmó un poco de justicia”, y convocó a los jóvenes a “seguir luchando para conseguir las condenas que faltan”.
“Me acuerdo muy bien del represor Juan Carlos Jones Tamayo cuando me dijo que él iba a seguir y todos los dirigentes políticos íbamos a desaparecer. Acá estamos él con prisión perpetua y nosotros peleando por justica”, afirmó.
Antes de conocerse el veredicto, el TOF integrado Federico Santiago Díaz, María Alejandra Cataldi y Abelardo Basbus, rechazó la mayoría de pedidos nulidad esgrimidos por las defensas de los acusados, en el marco de las causas en perjuicio de 140 víctimas.
Rafael Mariano Braga, Raúl José Borges Do Canto, Carlos Raúl Pérez, Rodolfo Oscar López, Armando Hugo Ruiz, Armando Hugo Claros, Bernardo Salinas, Ricardo Ortiz, Mario Marcelo Gutiérrez y Herminio Zárate deberán cumplir penas de entre 16 y 25 años de prisión.
A ellos se suman Carlos Cachambe y Pedro Ríos, quienes recibieron 11 y 6 años de prisión respectivamente, mientras que Virgilio Choffi fue condenado a 10 años de prisión, Inés Roque Cari a 6 años de cárcel, Juan de la Cruz Kairuz 5 años de prisión y Héctor Carballo fue absuelto por el beneficio de la duda, todos los acusados siguieron la finalización del debate por videoconferencia.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) fueron, Federico Zurueta y Marina Cura (auxiliar); las querellas las conformaron Paula Álvarez Carreras y Ariel Ruarte por la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, María José Castillo por la agrupación Hijos-Jujuy; María Cecilia Calvo y Sergio Castro por María Villada; además de Andrea Lupiañez y Oscar Rodrígues por Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
Finalmente, los abogados defensores de los acusados fueron: Ricardo Mario Vitellini por el exoficial del Ejército Mariano Braga; Carlos Rodríguez Vega por los hermanos Ortiz; Matías Perea se desempeñó como defensor oficial, al igual que Maximiliano Ponce y Soledad Jurado.
