La Comisión de Solidaridad con los Pueblos presentó hoy en el Congreso el informe "Jujuy es Argentina", donde denunció que "no existe el Estado de Derecho" en esa jurisdicción y detalló las las violaciones a los Derechos Humanos y Garantías Constitucionales registradas en esa provincia.
JUDICIALES03 de agosto de 2022
El Expreso de Jujuy
La comisión consignó que, tras los relevamientos realizados, sus integrantes quedaron en condiciones de afirmar que "no existe el estado de Derecho" para muchos jujeños.
En ese trabajo se detalló que, entre 13 y 15 de julio, ese organismo integrado por abogadas, periodistas, trabajadores sociales y organizaciones sociales y sindicales receptó testimonios y denuncias de las "más variadas violaciones a los DD.HH: violación del derecho a la protesta, a la libertad de expresión y persecución política, abuso de poder, violencia institucional y violación a las leyes de inteligencia y de seguridad interna".
La presentación fue realizada en un acto realizado en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados, y contó con la participación del referente social Juan Gabrois; los abogados y miembros de la comisión José Luis Fuentes y Sergio Jobs; la directora de Derechos de los Pueblos de ATE-CTAA Nacional, María José Cano, y Pablo Pimentel, integrante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.
Grabois señaló que "garantizar el saqueo, el despojo y la dominación geopolítica son los tres elementos que explican por qué Jujuy es el laboratorio de la represión, por qué hay un señor que asumió la suma del poder público de manera totalmente impune", dijo, en referencia al gobernador Gerardo Morales, y prosiguió: "Por qué se persigue a los movimientos sociales y partidos de izquierda para callar cualquier voz, por qué destruyen cualquier personalidad pública que intente tener una voz firme".
Para Grabois, Morales "lo hace porque Jujuy es la profundización de un modelo de extracción sin distribución; extracción del litio, otros minerales y el cannabis".
El dirigente social indicó que "las violaciones a los derechos humanos no podrían suceder sin el pacto de poder que mantiene Morales con el PJ de Jujuy", pidió el tratamiento del proyecto de ley que plantea la intervención del Poder Judicial de esa provincia e instó a instituciones del Estado nacional a que presenten la denuncia por delitos federales relevados en el informe.
"Si el Estado nacional está de acuerdo en que hubo violaciones a los Derechos Humanos y se violó la ley de Seguridad Interior, ¿por qué no puede ser el Estado nacional el que denuncie? Si no, que quede claro que hay una decisión política de no presentarla, de no defender con la firma lo que se dice con el pico", aseveró.
Por su parte, el abogado Jobs señaló que "recibimos denuncias de detenciones con torturas en el marco de una movilización donde se pedían alimentos para comedores y merenderos", y agregó que "una de las detenidas estaba embarazada y la policía la hizo abortar".
A su vez, otro de los miembros de la comisión, José Luis Fuentes, explicó que muchas de las denuncias recibidas tienen que ver con violaciones a los derechos de los pueblos indígenas que estuvieron "directamente relacionadas a facilitar la radicación de proyectos extractivos de litio y cannabis medicinal".
En este sentido, afirmó que "las instituciones jujeñas que deberían defender los derechos de los pueblos originarios; retrasan los procesos de seguridad jurídica para que no puedan defender el territorio frente al avance de los proyectos extractivos"
Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, pidió a todos los organismos de ese ámbito que se comprometan con la causa y advirtió: "Yo lo que vi es un Estado de excepción absoluto donde se violan todas las garantías de la Constitución provincial y nacional".
En la presentación estuvieron los diputados nacionales Rodolfo Tailhade, Paula Penacca, Eduardo Toniolli, Verónica Caliva, Natalia Zaracho, Federico Fagioli, Itai Hagman, Myriam Bregman, Romina del Plá, Alejandro Vilca y Juan Marino, además del senador nacional Guillermo Snopek y la directora nacional de Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti.
En horas de la tarde se realizó la audiencia de ampliación de imputación contra Matías Jurado por la muerte de cuatro personas. La audiencia se llevó a cabo en el Penal del barrio Gorriti donde se encuentra privado de la libertad el acusado y donde se hizo presente el fiscal Guillermo Beller.
No hubo juicio donde se determinara la verdadera responsabilidad, sin embargo la justicia liberó de cargo y culpa a la familia Segura, dueños del supermercado Comodín sucursal Ciudad de Nieva, donde se produjo a principio de año un feroz incendio que terminó con la muerte de cinco personas.
Un hombre identificado como A.L.S. fue condenado a la pena de 6 años de prisión por ser autor penalmente responsable de los delitos de “Abuso sexual simple (dos hechos) agravado por el vínculo y aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con menor de 18 años en concurso real”; ilícitos perpetrados contra su hija, menor de edad, en la ciudad de San Pedro de Jujuy.
La Fiscalía de Jujuy informó que hoy miércoles, pasadas las 14 horas, se llevará a cabo una audiencia de control de imputación contra Matías Emilio Jurado, quien es investigado por su presunta vinculación con la desaparición y el presunto homicidio de varias personas. El procedimiento tendrá lugar en la Unidad Penal del barrio Gorriti.
El operativo se realizó en la Ruta Nacional 34, a la altura del Puente Ledesma. La mercadería, valuada en $ 219.750.000 pesos, era transportada en un camión Mercedes Benz con semirremolque que circulaba sin la documentación correspondiente.
Los exjefes de la Subdelegación de La Quiaca de la Policía Federal, Cristián Bejarano y Milton Cano, fueron detenidos luego de que la Corte Suprema rechazara su último recurso. El 22 de abril de 2020, en plena pandemia del COVID-19 y con las fronteras cerradas, habían intentado pasar a Bolivia un camión con insumos sanitarios y otras mercaderías.
El dirigente radical Mario Pizarro acusó al gobierno nacional de no transferir a la provincia lo que le corresponde y propuso una convocatoria amplia a todos los actores para buscar un consenso nacional ante el discurso del presidente Milei.
Los exjefes de la Subdelegación de La Quiaca de la Policía Federal, Cristián Bejarano y Milton Cano, fueron detenidos luego de que la Corte Suprema rechazara su último recurso. El 22 de abril de 2020, en plena pandemia del COVID-19 y con las fronteras cerradas, habían intentado pasar a Bolivia un camión con insumos sanitarios y otras mercaderías.
El organismo gubernamental emitió la Resolución N° 8194-E, con el objetivo de organizar los tiempos y espacios institucionales para la 74ª Edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE). La nueva normativa busca consolidar el valor educativo de esta tradicional celebración.
"Es grave la situación que atraviesan personas con discapacidad a las que sus pensiones fueron suspendidas, muchas no recibieron ningún tipo de notificación y hoy padecen el abandono del Estado nacional evaluó la abogada Alicia Chalabe, quien presentó una acción judicial en el Juzgado Federal N°1, a cargo del Dr Esteban Hansen y en las próximas horas esperan alguna respuesta.
Las comunidades ubicadas en la zona este del departamento de Modesto Omiste (Bolivia) denuncian que aguas residuales provenientes de La Quiaca, Argentina, contaminan sus tierras y afectan la producción. A pesar de varias reuniones sobre el tema, no hay solución. Los comunarios cercanos a Villazón señalan la inacción de las autoridades.