Entre el 20 y el 27 de julio de 1979, la dictadura militar cortó el servicio eléctrico de los pueblos jujeños de San Martín, Calilegua y El Talar, para secuestrar 400 personas. A 45 años de este hecho opinó Paula Álvarez Carreras, abogada querellante en juicios de lesa humanidad de Jujuy.
JUJUY20 de julio de 2021
El Expreso de Jujuy
Cuando me pidieron una opinión a 45 años de la Noche trágica del Apagón en Ledesma, en la que numerosos trabajadores, estudiantes y militantes fueron secuestrados, torturados y algunos de ellos desaparecidos durante julio de 1976; pensé lo difícil que sería tratar de englobar tanto, en tan pocas líneas.
En Jujuy, el avance de las causas de lesa humanidad, implicó la renuncia del Juez (subrogante) Olivera Pastor en 2012 quien retrasó injustificadamente la investigación de lesa humanidad en la provincia. Esa renuncia fue impulsada por la movilización de los históricos Organismos de DDHH de Jujuy, acompañados por la Organización Barrial Tupac Amaru.
El juez reemplazante del cargo, Fernando Poviña (juez subrogante) procesó a los máximos responsables del secuestro en aquella noche en la que se utilizaron camionetas de la empresa Ledesma para el secuestro. Pero una "benigna" Cámara de Casación, les otorgó la falta de mérito señalando que no había certeza sobre la intencionalidad de los empresarios. La Corte Suprema de Justicia, aún no se ha expedido sobre los recursos planteados al respecto. Tanto por el Ministerio Público Fiscal y por los querellantes, acusadores y representantes de las víctimas en estas causas.
Los sobrevivientes de aquel trágico Apagón del 20 y 21 de julio del 76, no han cejado en su denuncia jamás. Sin embargo la Justicia parece no valorarlos. Parece no creerles, como si hubiera en disputa algo más que la verdad real de aquellos hechos. Circunstancias que el Estado argentino tiene obligación de investigar y condenar en caso concreto.
Ayer secuestraron y torturaron a los trabajadores organizados que reclamaron por sus derechos. Hoy, resurgen con disímiles formas, también las persecuciones políticas. Hoy pretender organizarse para defender sus derechos, exigir mejores condiciones de vida, autodeterminarse y exigir el respeto por la dignidad que a cada persona corresponde, sigue teniendo como respuesta la persecución y la cárcel. Esos derechos, parecen no corresponder a quienes los exigen.
A 45 años del Apagón, parece tampoco no corresponder, determinar la responsabilidad por los secuestros, las torturas, y las desapariciones de quienes participaron y propiciaron estos delitos de lesa humanidad. Le cedemos, entonces la palabra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en su histórica oportunidad, y con todo lo que durante estos años se sostuvo y exigió, esperando de ella sólo Memoria, Verdad y Justicia. (Fuente: Télam)
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