Criminalización de la protesta: MULTAS DE $90.000 A REFERENTES Y ORGANIZACIONES SOCIALES  

Las personas y entidades sancionadas habían participado en una manifestación el pasado 15 de diciembre y consideraron a la resolución judicial como un “método de disciplinamiento” a la protesta social.

El Juzgado Contravencional N°3 de Jujuy, a cargo de Fernanda Yapur, impuso multas de $90.000 para siete referentes sociales y ocho organizaciones civiles, al considerar que durante la protesta "los manifestantes afectaron el tránsito vehicular y violaron normas relativas al distanciamiento social" por la pandemia de coronavirus.

Los dirigentes multados fueron Gabriel Taboada, Arnaldo Navarro, José Surita, Ivone Aparicio, Sara Cruz, Jorge Angulo y Gabriela Arroyo, quienes representan a organizaciones sociales y sindicales de la provincia.

El fallo recayó también sobre los colectivos como el Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki, La Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa de las ciudades San Salvador de Jujuy, San Pedro y Palpalá, entre otros movimientos populares.

Durante la jornada del 15 de diciembre del año pasado las organizaciones sociales realizaron en la capital jujeña una multitudinaria marcha bajo la premisa "una Navidad digna, con trabajo y sin hambre".

La jueza consideró que los manifestantes “violaron las medidas que en contexto de pandemia debemos respetar para evitar con los contagios de coronavirus, además de la interrupción del tránsito”.

Además de la sanción económica, los referentes sociales y organizaciones deberán realizar trabajos comunitarios junto a “50 personas para tareas limpieza y desmalezado”, durante los meses de agosto, septiembre y octubre.

En relación de la multa de $90.000 aplicadas a las personas acusadas y colectivos sociales, Yapur refirió que los acusados “tienen la posibilidad de abonar el 50% del monto total si lo realizan en los próximos 15 días hábiles”, al tiempo que refirió que la recaudación de las contravenciones “serán destinadas a comedores y merenderos de la provincia”.

Solo en esta causa las multas suman un total $1.350.000, por lo que los dirigentes sociales rechazaron el proceso contravencional y anticiparon que recurrirán el fallo, incluso en la justicia ordinaria.

En ese marco, organizaciones sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos se movilizaron esta tarde por las calles de San Salvador de Jujuy en repudio a la “represión” de ayer en el barrio en Campo Verde y aguardaron el fallo del organismo contravencional.

Tras conocer la resolución, Ivone Aparicio, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), denunció que la medida forma parte de un “método de disciplinamiento que adoptó el gobierno de Gerardo Morales contra los movimiento sociales”.

“No es justo que el solo hecho de protestar sea causa de múltiples contravenciones; tenemos el derecho de protestar y movilizarnos tal como lo indica la Constitución Nacional”, señaló Aparicio a Télam.

Más adelante, consideró que en Jujuy “se atenta contra toda libertad de expresión”, en relación a las medidas adoptadas por el Ejecutivo.

"Sabemos de Morales que maneja todos los poderes del Estado y está siendo demasiado severo”, reclamó.

También consideró “ridícula” la sanción de trabajos comunitarios, porque “venimos trabajando hace muchísimos años en lo social en distintos espacios de toda la provincia para asistir a las personas que este gobierno olvida”.