Sergio Lello Sánchez es uno de los fiscales que mayor cuestionamiento tuvo en los últimos años, no solo por sus intervenciones en determinados casos, sino por la tozudez con la que se relaciona con los trabajadores y profesionales que se desempeñan dentro del Ministerio Público de la Acusación.
JUDICIALES20 de febrero de 2021
El Expreso de Jujuy
Esa actitud, siempre agresiva y autoritaria fue denunciada en numerosas oportunidades, pero ningún organismo de defensa de los derechos de los trabajadores, tomó intervención. Mucho menos lo hizo el gobierno de la provincia, ni los organismo oficiales que deben velar por la salud mental y física de los trabajadores estatales. Como consecuencia 17 profesionales debieron renunciar a este organismo.
Sánchez está acusado de “persecución a funcionarios y magistrados, incumplimiento de sus deberes de funcionario, incapacidad para ejercer el cargo, encubrimiento y abandono de persona y de falta de independencia con el poder político y persecución a medios de comunicación que no responden al poder provincial”, entre otros hechos graves.
El caso de la Dra. Agustina Aramayo es uno de los ejemplos donde el Fiscal Sergio Lello Sanchez, nombrado por el gobernador Gerardo Morales, se mueve impunemente.
Durante la pandemia, antojadizament4e modificó el reglamente interno del MPA e introdujo dos incisos, con los cuales ahora pretende dejar sin trabajo a la Dra. Aramayo, quien se desempeña como Secretaria en ese organismo: Puso como causal de cesantía, “la falta de confianza” y la “falta de respeto”.
Ambas consignas solamente lo hizo a criterio prudencial de él mismo, sin consenso con los trabajadores o con los demás funcionarios del organismo.
A la Dra. Aramayo se le inició precisamente un sumario administrativo interno, utilizando estos dos incisos del Reglamento con el único objetivo de dejarla sin trabajo. Lello Sánchez se basa en denuncias públicas realizada por la abogada en el año 2019 por las redes sociales, donde ponía en conocimiento de las hostigaciones y la violencia verbal que sufría en el Ministerio.
La abogada estaba cumpliendo una licencia por maternidad cuando fue notificada de dicha causa y el sumario que se le había iniciado y ahora debe ejercer su defensa. Pero ahora se encuentra con que el mismo Jefe de Fiscales es el que impone las normas y se transforma en juez y parte de todo este proceso iniciado.
“Es uno de los cuestionamientos que pongo en mi descargo, porque no puede ser resuelta una cuestión, por una única persona. Por él, que es juez y parte” reclamó la Dra. Aramayo.
“El sumario es una denuncia, una acusación sobre las publicaciones que hice en mi red privada de Facebook, en el 2019. Todas esas denuncias la consideran como una falta de respeto, este inciso que habla de la falta de respeto” recalcó.
Claramente hay una intención del fiscal de dejar afuera del Ministerio, “configura lo que denuncié hace dos años que es el hostigamiento constante del trabajador hasta lograr su misión. Con esto se configura la intención de desvincularme, que era su amenaza” recalcó Aramayo.
No es la primera vez que Sergio Lello Sánchez actúa de esta manera. Paradójicamente hay 17 casos de trabajadores y profesionales del MPA que sufrieron este destrato y fueron cesanteados. “Él fue denunciado por mucha gente que trabaja allí. En total en este tiempo han renunciado 17 funcionarios por amenazas. El termina diciendo que si no renuncian le arma una causa judicial y por temor terminan renunciando”.
En 10 días se debe resolver el caso de la Dra. Aramayo. Ella ya hizo su descargo pero lamentablemente quién deberá decidir sobre su destino es el mismo Fiscal Lello Sánchez. “De acuerdo a la resolución que adopten, iniciaré las acciones legales que corresponda” advirtió la profesional.
La Dra. Aramayo ya no quiere volver a trabajar en el mismo lugar donde sufre violencia de género y laboral. “Yo no quiero volver a ese lugar, yo vengo pidiendo hace cuatro años que me reintegren al Poder Judicial donde entré hace diez años atrás” planteó como alternativa y resolución a un conflicto que evidentemente no va para un final feliz.
“Si quieren lo hacen, porque yo pertenecía al Poder Judicial y por una ley de creación del Ministerio pasamos todo un grupo de gente de la parte penal a depender de esta persona. Lo que solicito, es que me vuelvan hacer el pase al Poder Judicial y salir de este círculo de violencia de la cual soy parte”.
En horas de la tarde se realizó la audiencia de ampliación de imputación contra Matías Jurado por la muerte de cuatro personas. La audiencia se llevó a cabo en el Penal del barrio Gorriti donde se encuentra privado de la libertad el acusado y donde se hizo presente el fiscal Guillermo Beller.
No hubo juicio donde se determinara la verdadera responsabilidad, sin embargo la justicia liberó de cargo y culpa a la familia Segura, dueños del supermercado Comodín sucursal Ciudad de Nieva, donde se produjo a principio de año un feroz incendio que terminó con la muerte de cinco personas.
Un hombre identificado como A.L.S. fue condenado a la pena de 6 años de prisión por ser autor penalmente responsable de los delitos de “Abuso sexual simple (dos hechos) agravado por el vínculo y aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con menor de 18 años en concurso real”; ilícitos perpetrados contra su hija, menor de edad, en la ciudad de San Pedro de Jujuy.
La Fiscalía de Jujuy informó que hoy miércoles, pasadas las 14 horas, se llevará a cabo una audiencia de control de imputación contra Matías Emilio Jurado, quien es investigado por su presunta vinculación con la desaparición y el presunto homicidio de varias personas. El procedimiento tendrá lugar en la Unidad Penal del barrio Gorriti.
El operativo se realizó en la Ruta Nacional 34, a la altura del Puente Ledesma. La mercadería, valuada en $ 219.750.000 pesos, era transportada en un camión Mercedes Benz con semirremolque que circulaba sin la documentación correspondiente.
Los exjefes de la Subdelegación de La Quiaca de la Policía Federal, Cristián Bejarano y Milton Cano, fueron detenidos luego de que la Corte Suprema rechazara su último recurso. El 22 de abril de 2020, en plena pandemia del COVID-19 y con las fronteras cerradas, habían intentado pasar a Bolivia un camión con insumos sanitarios y otras mercaderías.
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El organismo gubernamental emitió la Resolución N° 8194-E, con el objetivo de organizar los tiempos y espacios institucionales para la 74ª Edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE). La nueva normativa busca consolidar el valor educativo de esta tradicional celebración.
"Es grave la situación que atraviesan personas con discapacidad a las que sus pensiones fueron suspendidas, muchas no recibieron ningún tipo de notificación y hoy padecen el abandono del Estado nacional evaluó la abogada Alicia Chalabe, quien presentó una acción judicial en el Juzgado Federal N°1, a cargo del Dr Esteban Hansen y en las próximas horas esperan alguna respuesta.
Las comunidades ubicadas en la zona este del departamento de Modesto Omiste (Bolivia) denuncian que aguas residuales provenientes de La Quiaca, Argentina, contaminan sus tierras y afectan la producción. A pesar de varias reuniones sobre el tema, no hay solución. Los comunarios cercanos a Villazón señalan la inacción de las autoridades.
En Jujuy, médicos, psicólogos y representantes sindicales de hospitales nacionales como el Garrahan, el Posadas y el Laura Bonaparte denunciaron la crisis en la salud pública y convocaron a la movilización de este martes frente al Congreso. Alertaron por renuncias masivas, precarización laboral y el vaciamiento de la salud mental.