La Asamblea Legislativa (Parlamento) de Bolivia aprobó hoy el decreto presidencial que le torga amnistía e indulto “por razones humanitarias” a más de un millar de "perseguidos" por el gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez, entre ellos el expresidente Evo Morales en una sesión que incluyó duros cruces entre oficialismo y oposición.
NACIONALES12 de febrero de 2021
El Expreso de Jujuy
"Con el voto afirmativo de la mayoría absoluta de la Asamblea (parlamento), queda aprobado el decreto presidencial de amnistía e indulto por razones humanitarias", proclamó tras un debate de tres horas el vicepresidente David Choquehuanca, que encabezó la sesión.
El gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) impuso su mayoría en la sesión bicameral para cerrar el debate y aprobar el decreto del presidente Luis Arce, calificado como un "acto de justicia" por el oficialismo y denunciado como "dictatorial" e "inconstitucional" por la oposición, reportó la agencia de noticias rusa Sputnik.
El decreto, que libera de procesos y en muchos casos de detención preventiva a miembros y simpatizantes de la pasada administración de Morales, y a otros ciudadanos que rechazaron la gestión de facto de Áñez, beneficiará también a decenas de presos que sufren retrasos en la tramitación de sus causas, según un anuncio oficial.
Entre los argumentos del Ejecutivo para impulsar la medida se cuenta “la retardación de justicia en situación vulnerable, en el marco de la prevención del riesgo de incremento de casos de contagio de COVID-19 en los penales y la restitución de derechos a perseguidos”.
La norma busca resguardar la vida, la salud e integridad de los presos ante “el incremento de contagios por Covid-19 y ante el hacinamiento en los centros penitenciarios del país”, consignó la estatal agencia ABI.
Pero el acento, y el mayor debate, estuvo dado por la decisión de restablecer “los derechos civiles y políticos, en procura de celeridad y debido proceso, para aquellas personas que se encuentran procesadas, como consecuencia de los conflictos políticos y sociales, caracterizados por vulneraciones masivas y generalizadas de derechos fundamentales y garantías constitucionales, suscitadas durante la crisis política institucional del Estado acontecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020”.
Morales estaba acusado de genocidio y terrorismo, por supuestamente organizar y alentar los bloqueos de rutas y las movilizaciones contra la administración de Áñez.
Los fundamentos de la iniciativa resaltan que a los más de 19 mil privados de libertad registrados en el censo de 2019, se sumaron “los perseguidos políticos” del gobierno de Áñez, unas 1.500 personas que sufrieron persecución, procesamiento y encarcelamiento.
La norma gubernamental, contenida en 5 capítulos y 13 artículos, señala que la crisis política derivada del golpe contra Morales “devino en una persecución política en contra de quienes salieron en defensa de la democracia, ejercieron su derecho a la protesta, la libertad de expresión y de asociación”.
El uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía, las detenciones ilegales y la violación del derecho a la vida, integridad, libertad e igualdad y no discriminación fueron constatados en sendos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Defensoría del Pueblo de Bolivia y la Asamblea Legislativa Plurinacional, reportó el proyecto.
El decreto presidencial excluye del indulto y amnistía a quienes cometieron delitos de genocidio, asesinato, parricidio, feminicidio, infanticidio, homicidio, trata de personas, tráfico de personas, robo agravado, secuestro, contrabando, tenencia de armas no convencionales y tráfico ilícito de armas, delitos financieros y contra la libertad sexual.
Tampoco alcanza a los delitos previstos en la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, ni a quienes cometieron delitos de violencia contra las mujeres previsto en la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, la Ley Contra el Acoso y Violencia Política Hacia las Mujeres y delitos cuya víctima sea una niña, niño, adolescente, personas incapaz o víctimas múltiples.
Áñez asumió la jefatura del Palacio Quemado en noviembre de 2019, tras el golpe contra Morales, y a partir de ese fecha se asesinaron a 37 ciudadanos en protestas –la mayoría en las llamadas masacres de Sacaba y Senkata- y se violaron de forma sistemática los derechos humanos y la libertad de expresión.
Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigan actualmente en el país hechos de violencia registrados entre noviembre y diciembre de 2019.
La Asamblea Legislativa Plurinacional recomendó en octubre del año pasado al Ministerio Público iniciar un juicio de responsabilidades contra Áñez por las matanzas.
La expectativa de inflación promedio para los próximos 12 meses a nivel nacional se ubicó en 29,7% durante noviembre, lo representa una baja de 7,3 puntos en comparación con octubre (37%).
El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunirá este viernes 28 con el gobernador de la provincia de Jujuy, Carlos Sadir, en el marco de la serie de encuentros que tiene en agenda con los mandatarios provinciales.
El economista Christian Buteler alertó sobre el actual nivel de morosidad en los créditos de las familias, calificándolo como “el más alto en los últimos 15 años”.
Se dedicará a profundizar la vigilancia de las fronteras. El Gobierno avanzará con la creación de la Policía Migratoria, contemplada en la Ley de Migraciones, y que reemplazará a la Gendarmería en la cobertura de seguridad en las fronteras y a la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) en aeropuertos.
Estatales piden 118% de aumento, salario mínimo de $2.027.283 y bono de $250.000 mensual. Según un informe de ATE, el Indec fijó la Canasta de Consumos Mínimos en $2.027.283 para una familia un fuerte aumento salarial para compensar la pérdida del 54,8% desde 2015.
El inicio del tradicional Black Friday en Ciudad del Este derivó en un caos generalizado con escenas de pugilato y descontrol. Bajo el lema "Descuentos sin fronteras", la feria comercial que une a Paraguay, Brasil y Argentina provocó una verdadera "estampida humana" ante la promesa de conseguir tecnología y perfumería a precios de remate.
El concejal radical presentó esta mañana su renuncia a la banca en el Concejo Deliberante Capitalino, con la expectativa de ser nombrado nuevo miembro del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy. Aguiar terminaba su mandato ahora el 10 de diciembre y su renuncia será abordada mañana en el Deliberante.
Para hoy a las 10 de la mañana estaba prevista la realización de la 11° Sesión ordinaria de la Legislatura de Jujuy. Sin embargo pasado el mediodía no comenzó el debate, debido a que los legisladores están negociando con el ejecutivo la incorporación de tres nuevos miembros del Superior Tribunal de Justicia.
En horas de la mañana, el gobernador recibió la carta de renuncia que habría presentado la Juez del Superior Tribunal de Justicia, Laura Lamas.
Se tratan de los abogados Gonzalo César de la Colina, Estéban Eduardo Uriondo, Jorge Lisandro Aguiar y Emma María Mercedes Arias, cuyos pliegos fueron aprobados en Sesión Especial realizada esta tarde en la Legislatura de Jujuy y cubrirán los cargos vacantes que existe actualmente en el máximo organismo judicial de la provincia.
El documental reconstruye una historia de impunidad del poder judicial y transforma el dolor en memoria y lucha colectiva. La proyección en Salta será hoy jueves 27 y el sábado en San Salvador de Jujuy, con una producción imperdible.