El gobernador Gerardo Morales, emitió un decreto y pidió que sea ratificado en la Legislatura de la provincia, para obligar a los organismos competentes del Estado a “falsear informes” para que los autores de femicidios no puedan ser indultados.
JUDICIALES01 de octubre de 2020
El Expreso de Jujuy
La insólita decisión exige a los organismos de la justicia provincial y especialmente de los centros carcelarios a que emitan informes que no coincidan con la realidad, literalmente “falsear” informes que luego llegan a manos de los gobernadores quienes tienen la facultad de emitir indultos.
Pero además, a través del mismo decreto quiere obligar a la justicia a impedir que los condenados por femicidio puedan gozar de salidas transitorias u otros beneficios que tienen durante el tiempo de encierro.
“Ya he firmado el decreto para establecer un programa de acompañamiento y apoyo y ayuda a las familias víctima de femicidios, le he dado la orden a través de un decreto al Consejo Provincial de la Mujer y al fiscal de estado para que se presenten en las causas para que se constituyan como querellantes”, dijo el gobernador con la idea de que el Estado provincial tome parte de las causas que ya se iniciaron por las muertes producidas por el femicidio de Iara Rueda y Gabriela Cruz
Pero además expresó que “estoy firmando un decreto de necesidad y urgencia, que quiero que sea ratificado por la legislatura la semana que viene, porque ustedes saben que el art. 137 inc. 116 de la Constitución le da al gobernador la facultad para indultar. Pero dice el artículo que tiene la facultad de indultar previo informe de los organismo competentes. En este decreto le damos instrucción a los organismo competentes que en los casos de femicidio, el informe sea negativo para que ningún gobernador pueda indultar. Para que ningún gobernador pueda tomar esa decisión de esa facultad constitucional que tenemos los gobernadores de poder indultar“, expresó el Mandatario dando a conocer una decisión que deja muy expuesto al sistema judicial.
Sostuvo además que “Pero que vaya más allá, impida además en el caso de los femicidios el beneficio de la salida transitoria y la libertad condicional entre otros beneficios que establece la legislación”.
La insólita decisión exige a los organismos de la justicia provincial y especialmente de los centros carcelarios a que emitan informes que no coincidan con la realidad, literalmente “falsear” informes que luego llegan a manos de los gobernadores quienes tienen la facultad de emitir indultos.
Pero además, a través del mismo decreto quiere obligar a la justicia a impedir que los condenados por femicidio puedan gozar de salidas transitorias u otros beneficios que tienen durante el tiempo de encierro.
“Ya he firmado el decreto para establecer un programa de acompañamiento y apoyo y ayuda a las familias víctima de femicidios, le he dado la orden a través de un decreto al Consejo Provincial de la Mujer y al fiscal de estado para que se presenten en las causas para que se constituyan como querellantes”, dijo el gobernador con la idea de que el Estado provincial tome parte de las causas que ya se iniciaron por las muertes producidas por el femicidio de Iara Rueda y Gabriela Cruz
Pero además expresó que “estoy firmando un decreto de necesidad y urgencia, que quiero que sea ratificado por la legislatura la semana que viene, porque ustedes saben que el art. 137 inc. 116 de la Constitución le da al gobernador la facultad para indultar. Pero dice el artículo que tiene la facultad de indultar previo informe de los organismo competentes. En este decreto le damos instrucción a los organismo competentes que en los casos de femicidio, el informe sea negativo para que ningún gobernador pueda indultar. Para que ningún gobernador pueda tomar esa decisión de esa facultad constitucional que tenemos los gobernadores de poder indultar“, expresó el Mandatario dando a conocer una decisión que deja muy expuesto al sistema judicial.
Sostuvo además que “Pero que vaya más allá, impida además en el caso de los femicidios el beneficio de la salida transitoria y la libertad condicional entre otros beneficios que establece la legislación”.
En horas de la tarde se realizó la audiencia de ampliación de imputación contra Matías Jurado por la muerte de cuatro personas. La audiencia se llevó a cabo en el Penal del barrio Gorriti donde se encuentra privado de la libertad el acusado y donde se hizo presente el fiscal Guillermo Beller.
No hubo juicio donde se determinara la verdadera responsabilidad, sin embargo la justicia liberó de cargo y culpa a la familia Segura, dueños del supermercado Comodín sucursal Ciudad de Nieva, donde se produjo a principio de año un feroz incendio que terminó con la muerte de cinco personas.
Un hombre identificado como A.L.S. fue condenado a la pena de 6 años de prisión por ser autor penalmente responsable de los delitos de “Abuso sexual simple (dos hechos) agravado por el vínculo y aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con menor de 18 años en concurso real”; ilícitos perpetrados contra su hija, menor de edad, en la ciudad de San Pedro de Jujuy.
La Fiscalía de Jujuy informó que hoy miércoles, pasadas las 14 horas, se llevará a cabo una audiencia de control de imputación contra Matías Emilio Jurado, quien es investigado por su presunta vinculación con la desaparición y el presunto homicidio de varias personas. El procedimiento tendrá lugar en la Unidad Penal del barrio Gorriti.
El operativo se realizó en la Ruta Nacional 34, a la altura del Puente Ledesma. La mercadería, valuada en $ 219.750.000 pesos, era transportada en un camión Mercedes Benz con semirremolque que circulaba sin la documentación correspondiente.
Los exjefes de la Subdelegación de La Quiaca de la Policía Federal, Cristián Bejarano y Milton Cano, fueron detenidos luego de que la Corte Suprema rechazara su último recurso. El 22 de abril de 2020, en plena pandemia del COVID-19 y con las fronteras cerradas, habían intentado pasar a Bolivia un camión con insumos sanitarios y otras mercaderías.
El organismo gubernamental emitió la Resolución N° 8194-E, con el objetivo de organizar los tiempos y espacios institucionales para la 74ª Edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE). La nueva normativa busca consolidar el valor educativo de esta tradicional celebración.
"Es grave la situación que atraviesan personas con discapacidad a las que sus pensiones fueron suspendidas, muchas no recibieron ningún tipo de notificación y hoy padecen el abandono del Estado nacional evaluó la abogada Alicia Chalabe, quien presentó una acción judicial en el Juzgado Federal N°1, a cargo del Dr Esteban Hansen y en las próximas horas esperan alguna respuesta.
Las comunidades ubicadas en la zona este del departamento de Modesto Omiste (Bolivia) denuncian que aguas residuales provenientes de La Quiaca, Argentina, contaminan sus tierras y afectan la producción. A pesar de varias reuniones sobre el tema, no hay solución. Los comunarios cercanos a Villazón señalan la inacción de las autoridades.
En Jujuy, médicos, psicólogos y representantes sindicales de hospitales nacionales como el Garrahan, el Posadas y el Laura Bonaparte denunciaron la crisis en la salud pública y convocaron a la movilización de este martes frente al Congreso. Alertaron por renuncias masivas, precarización laboral y el vaciamiento de la salud mental.
No hubo juicio donde se determinara la verdadera responsabilidad, sin embargo la justicia liberó de cargo y culpa a la familia Segura, dueños del supermercado Comodín sucursal Ciudad de Nieva, donde se produjo a principio de año un feroz incendio que terminó con la muerte de cinco personas.