El gobernador Gerardo Morales, emitió un decreto y pidió que sea ratificado en la Legislatura de la provincia, para obligar a los organismos competentes del Estado a “falsear informes” para que los autores de femicidios no puedan ser indultados.
JUDICIALES01 de octubre de 2020
El Expreso de Jujuy
La insólita decisión exige a los organismos de la justicia provincial y especialmente de los centros carcelarios a que emitan informes que no coincidan con la realidad, literalmente “falsear” informes que luego llegan a manos de los gobernadores quienes tienen la facultad de emitir indultos.
Pero además, a través del mismo decreto quiere obligar a la justicia a impedir que los condenados por femicidio puedan gozar de salidas transitorias u otros beneficios que tienen durante el tiempo de encierro.
“Ya he firmado el decreto para establecer un programa de acompañamiento y apoyo y ayuda a las familias víctima de femicidios, le he dado la orden a través de un decreto al Consejo Provincial de la Mujer y al fiscal de estado para que se presenten en las causas para que se constituyan como querellantes”, dijo el gobernador con la idea de que el Estado provincial tome parte de las causas que ya se iniciaron por las muertes producidas por el femicidio de Iara Rueda y Gabriela Cruz
Pero además expresó que “estoy firmando un decreto de necesidad y urgencia, que quiero que sea ratificado por la legislatura la semana que viene, porque ustedes saben que el art. 137 inc. 116 de la Constitución le da al gobernador la facultad para indultar. Pero dice el artículo que tiene la facultad de indultar previo informe de los organismo competentes. En este decreto le damos instrucción a los organismo competentes que en los casos de femicidio, el informe sea negativo para que ningún gobernador pueda indultar. Para que ningún gobernador pueda tomar esa decisión de esa facultad constitucional que tenemos los gobernadores de poder indultar“, expresó el Mandatario dando a conocer una decisión que deja muy expuesto al sistema judicial.
Sostuvo además que “Pero que vaya más allá, impida además en el caso de los femicidios el beneficio de la salida transitoria y la libertad condicional entre otros beneficios que establece la legislación”.
La insólita decisión exige a los organismos de la justicia provincial y especialmente de los centros carcelarios a que emitan informes que no coincidan con la realidad, literalmente “falsear” informes que luego llegan a manos de los gobernadores quienes tienen la facultad de emitir indultos.
Pero además, a través del mismo decreto quiere obligar a la justicia a impedir que los condenados por femicidio puedan gozar de salidas transitorias u otros beneficios que tienen durante el tiempo de encierro.
“Ya he firmado el decreto para establecer un programa de acompañamiento y apoyo y ayuda a las familias víctima de femicidios, le he dado la orden a través de un decreto al Consejo Provincial de la Mujer y al fiscal de estado para que se presenten en las causas para que se constituyan como querellantes”, dijo el gobernador con la idea de que el Estado provincial tome parte de las causas que ya se iniciaron por las muertes producidas por el femicidio de Iara Rueda y Gabriela Cruz
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La condena suena más a indulto que a castigo. Un profesor de Hockey de un club de Palpalá abusó sexualmente a niñas a la que entrenaba y en numerosas ocasiones. Tras la denuncia fue llevado a juicio y un tribunal local lo condenó a a cumplir una pena de 7 años y seis meses de prisión.
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El mensaje contenía una amenaza de muerte hacia a la funcionaria nacional y fue remitido el 19 de diciembre de 2024 por el Messenger de la red Facebook. La fiscalía identificó a un vecino de Orán como el supuesto autor del acto intimidatorio, realizado en un contexto de reclamo por la muerte de un trabajador de frontera en Aguas Blancas.
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En el juicio por la reestatización de YPF, la jueza neoyorquina guarda bajo llave un dato explosivo: la identidad de los socios de Burford Capital, el fondo que compró la demanda y que podría cobrar más de 16 mil millones de dólares.