El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, puso en funcionamiento un hospital de campaña en el establecimiento del Servicio Penitenciario 2 de Jujuy, ubicado en el barrio capitalino Alto Comedero, destinado a internos y detenidos en comisarías.
JUJUY19 de septiembre de 2020
Fernando Burgos
El lugar cuenta con una capacidad de 56 camas y la posibilidad de extenderlas a 160, con tubos de oxígeno y recursos médicos. Fueron preparadas salas para casos graves de coronavirus y con síntomas leves y moderados, además de otros sectores necesarios para el tratamiento de quienes puedan resultar con diagnostico positivo de la enfermedad.
“Creo que esto es un paso más para garantizar primero la salud, no sólo de los internos en el Penitenciario sino también para los detenidos en comisarías, de modo tal de que tengan acá un sistema de atención primaria”, señaló el mandatario jujeño al inaugurar el espacio.
Y, adelantó que esperan que el lugar siga funcionando “después de que pase la pandemia porque queremos tener un centro de salud dentro del Penitenciario”.
Morales destacó la capacidad de alojamiento del lugar y señaló que “tiene una dimensión importante, con equipos de oxígeno y con personal capacitado”.
Por otro lado, el ministro de Seguridad de Jujuy, Ekel Meyer, resaltó que el hospital de campaña “cuenta con una capacidad extendible para 160 camas” y que el hecho de contar con el espacio “minimiza totalmente el riesgo para los internos y quienes los cuidan”.
Un grupo de padres contra el dolor y la violencia escolar en torno al contexto del bullying, solicitaron en la legislatura la declaración de la emergencia escolar y una ley que permita abordar esta problemática con mayor profundidad y una campaña para la concientización de los estudiantes.
El 8 de diciembre, una jornada de compras y celebraciones, por el día de la Inmaculada Concepción. Debido al feriado fue un día de gran afluencia de visitantes en la feria de Perico.
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La querella, que representa a víctimas con lesiones oculares y múltiples impactos de balines, afirma que la fiscalía se niega a citar o imputar a altos funcionarios, pese a las pruebas en video que muestran órdenes directas de represión.
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El informe Gino Germani (UBA) reveló que 7 de cada 10 trabajadores no cubren la canasta básica. El 58% de los empleados formales está bajo el umbral.
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