El Concejo de Deliberante de San Salvador de Jujuy analizaba "declarar la caducidad" de los permisos que gozan las empresas de transporte urbano por el paro de colectivos que cumple el séptimo día consecutivo en la capital provincial, se informó hoy oficialmente.
JUJUY23 de febrero de 2024
Fernando Burgos
Así lo expresó hoy el presidente del cuerpo legislativo capitalino, Lisandro Aguiar, luego de mantener la reunión de labor parlamentaria en la que se discutió sobre la problemática que afecta a miles de ciudadanos jujeños.
"Es una situación que preocupa absolutamente a todos los concejales, de todos los bloques políticos", aseveró el edil oficialista, e indicó que "ante el incumplimiento de la prestación del servicio, se está analizando la posibilidad de declarar la caducidad de los permisos de las concesiones que tienen las distintas empresas en el ámbito de la ciudad".
Aguiar manifestó además que las firmas encargadas de garantizar el servicio de colectivos urbanos "ya fueron intimadas por el departamento Ejecutivo y, ante el incumplimiento, creemos que ya corresponde la aplicación de lo que es el pliego de licitación".
Sobre ese punto aclaró que cabe la posibilidad de "declarar las caducidades y asimismo trabajar en base a permisos precarios, que podían ser otorgados en el marco de esta emergencia que ya ha sido declarada en el mes de diciembre en el Concejo Deliberante", completó.
Los trabajadores agrupados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Jujuy mantienen por séptimo día consecutivo un paro del servicio de transporte público en reclamo de una deuda salarial, un conflicto ante el cual el Gobierno local dictó la conciliación obligatoria.
Los choferes del transporte iniciaron la medida de fuerza el viernes último ante la falta de pago de los haberes de enero, una situación que adjudicaron a la "anulación" del subsidio nacional para el funcionamiento del servicio.
Aguiar manifestó que el conflicto "ya fue objeto de análisis por el resto del cuerpo, a fin de buscar alternativas que garanticen la prestación del servicio, que es lo que los vecinos de la ciudad están necesitando y de alguna manera están reclamando".
El tan esperado evento de egresados de los colegios secundarios de Jujuy, la Cena Blanca, se convirtió en un "viernes tormentoso" y una "vergüenza"de organización.
Una intensa lluvia que azota la capital provincial llevó a la reprogramación de la tradicional Cena Blanca, evento que reúne a los egresados del ciclo secundario 2025. La nueva fecha será este sábado, manteniendo el horario previsto originalmente para hoy.
El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, indicó que se encuentran bajo análisis “reacomodamientos” y “cambios” en su gabinete, los cuales se irán conociendo “a medida que se tomen definiciones”, apuntó.
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La Unidad Fiscal Jujuy imputó a dos trabajadores y a la firma Dosan Inversiones SRL por contrabando de exportación e importación agravado de carne.
En instalaciones del Cabildo Histórico se realizó la ceremonia de entrega de 55 carpetas de escrituras en el marco de regularización que lleva adelante el Gobierno de la Provincia, con lo cual esas familias de San Salvador, Perico, El Carmen, Puesto Viejo, Aguas Calientes y Pampa Blanca ya son propietarias legítimas de sus lotes.
Hace casi dos años Raúl Humberto Chagra Bohuid, prometió hacerle adjudicar una vivienda en la ciudad de Palpalá a la familia de Gabriela Medina. A cambio le pidió una suma aproximada de 15 millones de pesos, para los papeleríos y para asegurar la adjudicación. Los “beneficiarios”, como no tenían el dinero en mano, entregaron un vehículo Peugeot 208, una motocicleta Honda y dinero en efecto.
El peronismo jujeño sintió una dura ausencia en la Cámara de Diputados de la Nación. Por primera vez desde el retorno de la democracia, no se presentó para la jura un representante nacional elegido por el peronismo de Jujuy.
Para el martes está convocada a la última sesión de la Cámara de Diputados, con la antigua conformación. Allí se abordará en sesión extraordinaria el Presupuestos 2026 y muchos temen que también se cubra la vacante en la Suprema Corte de Justicia producida por el fallecimiento del Dr. Ekel Meyer.
La querella, que representa a víctimas con lesiones oculares y múltiples impactos de balines, afirma que la fiscalía se niega a citar o imputar a altos funcionarios, pese a las pruebas en video que muestran órdenes directas de represión.
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