El Poder Ejecutivo nacional prorrogó hasta esa fecha el plazo para que la Comisión de Recepción y Análisis de Denuncias sobre Violencia Institucional en la provincia de Jujuy eleven su informe al Congreso y a la Corte Suprema.
JUJUY02 de noviembre de 2023
Fernando Burgos
Así fue establecido a través de un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial con la firma del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria.
En sus considerandos, el Decreto 565/2023 indica que "la tarea de la citada Comisión en territorio jujeño en pleno desarrollo del calendario electoral podría ser interpretada como un intento de captación del voto ciudadano a favor de algunos de los candidatos o en contra de otros", por lo cual establece la prórroga del plazo para que la comisión produzca un informe final.
Además, señala que esa situación, "además de contravenir el Código Electoral Nacional, puede deslegitimar el accionar de la Comisión en un tema tan importante como lo es las posibles violaciones a los derechos humanos cuyas denuncias la Comisión debe recabar".
"En virtud de ello, se hace necesario establecer una prórroga del plazo estipulado en el artículo 4° del Decreto N° 435/23 para la presentación del informe al que se hace referencia en el inciso c. del artículo 2° del mismo, fijando dicha prórroga hasta el día 5 de diciembre de 2023, de manera que la Comisión pueda cumplir con sus valiosos objetivos sin interferir en el proceso electoral", precisa el Decreto.
Ante los hechos represivos que se sucedieron en la provincia en el marco de las protestas suscitadas tras la aprobación de la reforma de la Constitución local impulsada por el gobernador Gerardo Morales, el Gobierno nacional dispuso, mediante el Decreto 435, la creación de una comisión con el propósito de recibir denuncias sobre posibles casos de violencia institucional y violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad locales.
La promulgación de la Carta Magna en una sesión de una Asamblea Constituyente provincial que se realizó a puertas cerradas el pasado 20 de junio, desató protestas de organizaciones sociales, sindicatos y comunidades originarias que denunciaban que las modificaciones limitaban el derecho a las protesta y la propiedad comunitaria de los pueblos ancestrales.
En este contexto, la Comisión asumió la función de recibir las denuncias de hostigamiento, persecución y demás casos de violencia institucional cometidos contra manifestantes en la protesta contra la reforma de la Carta Magna local.
La tarea de esta organismo será la de elaborar un informe que deberá ser entregado al Congreso de la Nación y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conjuntamente con las recomendaciones que aseguren el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado Nacional en los tratados y convenios internacionales sobre Derechos Humanos, y obliguen al gobierno de Jujuy a respetar los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales.
Según el decreto 435, la Comisión es coordinada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y está integrada por expertos de reconocida trayectoria en materia de derechos humanos, además de disponer la invitación de organismos internacionales de derechos humanos, Alto Comisionado de Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Unicef y Amnistía Internacional como veedores.
La vecina república de Chile celebró en la jornada de hoy los 215 años de su declaración de Independencia. En nuestra ciudad, la colectividad chilena, recordó esta fecha con un acto protocolar que se llevó a cabo en el Salón Éxodo Jujeño del Cabildo.
Lejos de toda legalidad, la “Junta Provisoria de la Asociación de Educadores Provinciales A.D.E.P.” convocó a un “Congreso Provincial Extraordinario” para no debatir puntos concretos, ni muchos menos la normalización del gremio.
Padres tomaron las instalaciones de la Escuela 298 "Plinio Zabala" ante la mirada indiferente del gobierno provincial y de las autoridades del Ministerio de Educación, por el pésimo estado del edificio. No ocultaron su malestar contra las autoridades provinciales por esta situación y otras irregularidades que presenta el establecimiento.
La tercera semana de septiembre llega con propuestas culturales que recorren la provincia: actos históricos, festivales gauchos, celebraciones patronales, desfiles de carrozas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, conciertos y teatro.
En Jujuy, médicos, psicólogos y representantes sindicales de hospitales nacionales como el Garrahan, el Posadas y el Laura Bonaparte denunciaron la crisis en la salud pública y convocaron a la movilización de este martes frente al Congreso. Alertaron por renuncias masivas, precarización laboral y el vaciamiento de la salud mental.
Las comunidades ubicadas en la zona este del departamento de Modesto Omiste (Bolivia) denuncian que aguas residuales provenientes de La Quiaca, Argentina, contaminan sus tierras y afectan la producción. A pesar de varias reuniones sobre el tema, no hay solución. Los comunarios cercanos a Villazón señalan la inacción de las autoridades.
El organismo gubernamental emitió la Resolución N° 8194-E, con el objetivo de organizar los tiempos y espacios institucionales para la 74ª Edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE). La nueva normativa busca consolidar el valor educativo de esta tradicional celebración.
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No hubo juicio donde se determinara la verdadera responsabilidad, sin embargo la justicia liberó de cargo y culpa a la familia Segura, dueños del supermercado Comodín sucursal Ciudad de Nieva, donde se produjo a principio de año un feroz incendio que terminó con la muerte de cinco personas.
En horas de la tarde se realizó la audiencia de ampliación de imputación contra Matías Jurado por la muerte de cuatro personas. La audiencia se llevó a cabo en el Penal del barrio Gorriti donde se encuentra privado de la libertad el acusado y donde se hizo presente el fiscal Guillermo Beller.
El caso es recurrente en Jujuy y a lo largo y ancho del país, donde se acusa a una persona por violación a un menor de edad; se toma la denuncia, se realizan algunos trámites de rutina y finalmente se condena sin llegar a la verdad de los hechos.