El diputado provincial Adriano Morone desconoció la validez de las Escrituras Públicas, mediante la cual se otorgan derechos sobre la propiedad de un inmueble.
POLITICA31 de julio de 2023
El Expreso de Jujuy
Según el legislador radical, era necesario "ratificar" mediante una ley la adjudicación de tierras realizadas a 70 comunidades de distintos puntos de la provincia".
Pero una escritura pública "es un documento íntegro que no precisa ninguna comprobación o contraste y que tiene, por sí mismo, la plena eficacia que le da la ley desde el mismo momento en que el notario lo autoriza".
El art. 299 del Código Civil y Comercial especifica puntualmente que "las escrituras públicas se otorgan ante los escribanos de registro, que son depositarios de la fe pública y dan autenticidad a los instrumentos otorgados ante ellos y redactados en los protocolos" y por lo tanto no se necesita de otro instrumento legal para ratificar su validez.
Pero además se refiere a un "conjunto de solemnidades formales entendidas como garantías de jerarquía constitucional es el fundamento de su privilegiada oponibilidad, que deviene de la fe pública que merecen".
En declaraciones a Radio Provincia, órgano de comunicación oficial del gobierno local, Morone sostuvo textualmente que: "ha sido una ley que hemos aprobado aquí en la Legislatura, la semana pasada, había sido un proyecto enviado el gobernador de la provincia a esta Legislatura, con el objeto de ratificar los textos de de adjudicación de los títulos de propiedad comunitaria, que han sido otorgados durante todo estos años a las distintas comunidades de nuestra provincia, de las distintas regiones de la provincia, porque recordemos que tenemos distintos pueblos originarios no sólo en la Quebrada y puna sino también en el ramal, en el departamento Ledesma, Santa Bárbara. Y esta ley lo que hace es ratificar los títulos que ya han sido otorgados por Escritura Pública".
Si esos títulos fueron otorgados por Escritura Pública, necesariamente tiene que haber intervenido un escribanos o "notario de fe pública", los instrumentos por lo tanto están registrados en los protocolos correspondientes que se guardan en los archivos del Colegio de Escribano y cada comunidad, posee un testimonio legalmente emitido por el escribano actuante".
Además Morone caer en la negligencia de otorgarle a este acto una validez política: "fundamentalmente llevar tranquilidad a las comunidades originarias, llevarle la garantías de que de ninguna manera esos títulos de propiedad comunitaria que ya han sidos otorgados se van a tocar". Lógicamente que no se pueden tocar porque esas tierras fueron otorgadas por Escritura Pública.
Intentando dar validez a las acciones negligente en que caen los legisladores cuando votan proyectos a ojos cerrados, Morone dijo que "esto tiene que ver connuna campaña de mentiras y engaños que monto un sector de la oposición, el kirchnerismo y la izquierda de otra provincia, diciéndole a las comunidades originarias que le iban a quitar sus tierras".
Según aventuró Morone, con esta ley se ha dejado en evidencia esa mentira. "No es para nada esa intención para el gobierno provincial, por mi contrario vamos a continuar con una política de seguír reconociendo derechos, de seguridad regularizado cuestiones de las comunidades originarias" sostuvo.
Lo que no reconoció fue que de los 70 títulos "reconocidos", solamente tres se otorgaron durante esta gestión de gobierno".
Pero además no dio certeza de cuándo se entregaran loa títulos a las otras más de 200 comunidades reconocidas legalmente por el gobierno provincial.
Seguramente faltan cosas por hacer, hay cuestiones pendientes, pero el camino va a ser continuar reconociendo esos derechos y no volver atrás, como maliciosamente se intenta instalar desde las oposición".
En este análisis el legislador omitió precisar que este gobierno finalizar su mandato el 10 de diciembre y difícilmente se reconozcan derechos de propiedad a las restantes comunidades que reclaman precisamente ese derecho.
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Aníbal y el Tano Menéndez la castigaron por enfrentar a Leila Chaher. El peronismo podría perder el tercio en el Senado.
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Mediante Resolución Nº 2 de fecha 28 de enero, los interventores del Partido Justicialista, Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, decidieron suspender la afiliación de los dirigentes Carolina Moisés, Rubén Armando Rivarola y Guillermo Jenefes; además de suspender las elecciones internas prevista para el 15 de febrero y realizar una nueva convocatoria para el mes de abril.
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