En un comunicado que dio a conocer esta tarde, ARI que forma parte del Frente Cambia Jujuy, sostiene que  "en la creencia de que se debe construir concordia, que es la unidad de corazón en la diferencia de ideas, es que tras tomar conocimiento de la publicación en Boletín Oficial del Decreto Acuerdo N° 8464G/2023, que ha sido emanado desde el Poder Ejecutivo Provincial, deseamos expresar como fuerza política, nuestra disidencia a las expresiones que se sitúan en el mismo". 

Recalca que "hoy el esfuerzo diario de cada jujeño no se traduce en su progreso ni en el de su familia, y el horizonte se torna difuso e inunda a nuestra sociedad en la desesperanza y la bronca, debido a un contexto socioeconómico nacional que inevitablemente azota con crueldad a cada una de las provincias, aún ante todo esfuerzo superador que sabemos el Gobierno de Jujuy ha trabajado y está trabajando por lograr proteja a la población de la dolorosa y agraviante realidad nacional". 

Resalta que como proyecto político, "en nuestro espíritu siempre se halló el reconocer a la participación ciudadana, como un motor que ineludiblemente permitirá se edifique una historia mejor, frente al pecado de la política de a veces ver sin observar y oír sin escuchar. Es así, que el activismo es parte de la propia historia de ésta Coalición Cívica ARI en Jujuy". 

Reconoce que el decreto viola las Constituciones nacional y provincial.  "Prever inhabilitar para ejercer cargos públicos a funcionarios que participen de movilizaciones y situar a los empleados públicos bajo la condición de sujetos pasibles de faltas graves con posibilidad de cesantía ante reincidir en una nueva protesta que pueda comprenderse que quienes permanezcan en espacios públicos, alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor a la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos, violenta la Constitución Provincial, Constitución Nacional y Tratados Internacionales que la República Argentina ha incorporado en su ordenamiento jurídico".

Considera ademas que "comprendemos la necesidad de permitir que el derecho de protesta no altere el ejercicio de otros derechos de la ciudadanía, y acompañamos la decisión de construir reglas de convivencia y respeto que posibiliten que todo extremo sea condenado, por cuanto el caos y los excesos aniquilan, y lo hemos vivido en carne propia en el pasado. Debemos buscar que los reclamos se conduzcan por sendas de justicia y de no violencia; pero en torno a la disposición enunciada en párrafo primero, instamos a la reflexión y al reconocimiento del otro, como un igual, que merece libertad en un orden donde el alzar la voz con decoro, se conciba como un habilitante para la apertura de diálogos sinceros".  

Por último, rechaza la conducta de distintas organizaciones y fuerzas políticas "que con mezquindad y especulación, actúan perjudicando reclamos justos, y buscan fragmentar y polarizar a la ciudadanía, para con una visión deplorablemente oportunista, preservar intereses estrictamente políticos".