El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó hoy la disolución de la Asamblea Nacional luego de que el Parlamento unicameral le iniciara un proceso de juicio político, una decisión que implica el adelantamiento de las elecciones generales.
POLITICA17 de mayo de 2023
Fernando Burgos
En un mensaje a la nación, el conservador Lasso dijo que hizo uso de una atribución que le concede la Constitución y firmó un decreto que disuelve la Asamblea Nacional y le da poderes para gobernar seis meses por decreto desde hoy.
Lasso acusó a la Asamblea Nacional de querer "desestabilizar al Gobierno, la democracia y el Estado" y dijo que gobernará seis meses por decreto "para dar una respuesta a la crisis política que tiene entrampado al Ecuador".
"Todos los esfuerzos del Poder Legislativo están enfocados en desestabilizar al Gobierno con un juicio político infundado", dijo Lasso, que agregó que la Asamblea busca "usurpar todos los poderes del Estado".
El presidente, de 67 años, dijo que el Parlamento unicameral está impulsado por un "sobrehumano rencor", que sus ataques al Gobierno "no tienen límites" y que nunca pudo encontrar pruebas en su contra.
"Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna", anunció.
La Constitución establece que en un plazo máximo de siete días después de la publicación del decreto de disolución en el Registro Oficial, el órgano electoral convocará a elecciones legislativas y presidenciales para completar el actual mandato de cuatro años.
En cumplimiento de esto, Lasso dijo que había solicitado al Consejo Nacional Electoral "la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos".
El presidente dijo que ya había firmado un primer decreto ley de urgencia económica para reducir impuestos, y que será enviado, como los demás que adopte, a la Corte Constitucional para su dictado.
"El Ecuador no se detiene. Los servicios públicos atenderán con normalidad. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan garantizando la seguridad", dijo, y agregó que no habrá impedimentos para la actividad del sector privado.
El gobernante se presentó ayer ante la Asamblea Nacional para defenderse de las acusaciones por supuesto peculado, en el inicio de un juicio político en su contra, el segundo desde que llegó al poder, en mayo de 2021.
Según denuncias, Lasso decidió continuar con un contrato que fue firmado antes de que asumiera la presidencia, pese a que había informes de que era lesivo para el Estado.
El contrato para el transporte de crudo con el grupo internacional Amazonas Tanker dejó pérdidas por más de 6 millones de dólares.
El mandatario no ha sido procesado por delito alguno en la justicia ordinaria y aseguró que presentó en 2022 una denuncia ante la Fiscalía para que investigue el caso.
Hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional, Lasso podrá gobernar expidiendo decretos-leyes de urgencia económica, pero previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.
Esta es la primera vez que un mandatario aplica la denominada "muerte cruzada", que puede ser ejercida una sola vez durante los tres primeros años del mandato.
En junio de 2022, el Parlamento había intentado destituir a Lasso en medio de violentas protestas indígenas contra el alto costo de vida, pero faltaron 12 votos para sacarlo del poder.
La “muerte cruzada”
El recurso constitucional llamado "muerte cruzada" fue utilizado por el presidente de Ecuador Guillermo Lasso para evitar ser destituido por el Parlamento por corrupción.
Se trata de una figura legal con la que disolvió la Asamblea Nacional, el Parlamento unicameral del país, y le permitirá gobernar por decretos-leyes de necesidad y urgencia hasta la realización de elecciones de presidente y legisladores.
La Constitución, de 2008, establece que, en un plazo máximo de siete días después de la publicación del decreto de disolución del Parlamento, el órgano electoral convocará a elecciones legislativas y presidenciales para completar el mandato de cuatro años.
Lasso y los diputados asumieron en mayo de 2021.
La Constitución fija tres causales para que el Ejecutivo declare la "muerte cruzada", incluidas grave crisis política y conmoción interna, el motivo invocado hoy por Lasso, que atribuyó este estado a la crisis política generada por el juicio político en su contra.
Las otras causales son que el Parlamento se arrogue funciones que no le competan constitucionalmente, o si, de forma reiterada e injustificada, el Legislativo obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.
A su vez, la Asamblea Nacional, con otras causales, también puede invocar el mecanismo para destituir al Presidente de la República sin un juicio político previo, de allí que se denomine "muerte cruzada".
La decisión de Lasso se produce un día después de que se presentara en la Asamblea Nacional y rechazara acusaciones de la oposición legislativa, en el inicio de un juicio político en su contra por presunta corrupción en contratos de transporte de petróleo.
Hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional, Lasso podrá gobernar expidiendo decretos-leyes de urgencia económica, pero previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.
Se trata de la primera vez que un mandatario aplica la denominada "muerte cruzada", que puede ser ejercida una sola vez durante los tres primeros años del mandato.
Incorporada en el texto de la Constitución en un proceso iniciado por el expresidente y líder opositor Rafael Correa, la "muerte cruzada" fue incluida teniendo en cuenta la historia turbulenta del Ecuador que acabó con tres mandatos presidenciales en nueve años: los de Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez.
El bloque opositor le había advertido a Lasso que, de recurrir a esta vía, aumentaría aún más la tensión política y social.
Sin embargo, el mandatario no sólo coqueteaba con ella sino que sugirió que podría ser de nuevo candidato a presidente en los comicios que, merced a esta situación, serán adelantados.
La ciudadanía, entretanto, observa dividida todo este terremoto político, con un Lasso desciende en su popularidad según los últimos sondeos.
Aun así, cerca de un 39% de los ecuatorianos se muestran a favor de que complete el mandato, frente al 18,5% que reclama su cese a manos de la Asamblea Nacional y un 14,5% que le piden directamente que dimita, según una encuesta publicada en marzo por la firma Click Report.
En junio pasado, el Parlamento había intentado destituir a Lasso en medio de violentas protestas indígenas contra el alto costo de vida, pero faltaron 12 votos para sacarlo del poder.
Javier Milei volvió a atacar a los gobernadores. Los acusó de ser “perversos” por subir impuestos provinciales cuando la Nación los baja.
En el oficialismo llevarían al límite del plazo el veto de Milei, y atrasarán lo más posible en Diputados el debate de los proyectos de ATN e impuestos a los combustibles. Esperan con ansias el receso legislativo. Se inclinan por darles lo que piden sólo a un puñado de provincias.
La oposición convirtió en leyes todos los proyectos que el Gobierno resistía: la suba a jubilados, la vuelta de la moratoria a quienes no completaron aportes, los fondos para discapacidad y emergencia en Bahía Blanca, impuestos a combustibles y aportes del tesoro (ATN). El presidente Milei ya anticipo que vetará todas las leyes aprobadas y amenazó con judicializar, en caso de ser necesario.
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