La jueza federal de Revisión de Salta Mariana Catalano homologó este lunes el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre la defensa de Fabián Eduardo Maidana y el fiscal federal de la Sede Descentralizada de Orán, José Luis Bruno, y lo condenó a la pena de dos años de prisión condicional e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cargos públicos como autor del delito de “peculado”.
JUDICIALES29 de marzo de 2023
Fernando Burgos
Según el fiscal, se tomó conocimiento el 13 de diciembre de 2021, a partir de la denuncia radicada por el gerente de la sucursal Orán del Banco Nación, Raúl Ernesto Rivas, quien responsabilizó de una maniobra delictiva cometida por Maidana, en su función de auxiliar de esa entidad bancaria, habiendo sustraído indebidamente la suma de 622.158,72 pesos de la cuenta perteneciente al Juzgado Federal de Orán, destinada para embargos judiciales.
El representante del MPF indicó que la acusación surgió como resultado de un sumario interno, abierto al detectar el faltante del dinero.
Para mover esos valores, el empleado utilizó su usuario interno y realizó seis transferencias a cuentas de sus familiares, que justificó mediante una serie de oficios judiciales adulterados emitidos por el juzgado federal.
Tras la denuncia, y con la investigación penal en marcha, la defensa de Maidana procedió a la devolución del dinero a través de dos depósitos realizados entre julio y agosto del año pasado. No obstante, la fiscalía mantuvo la acusación penal contra el empleado, en calidad de autor.
La fiscalía, de conformidad a la recomendación expresa del Código Procesal Penal Federal (CPPF) de “procurar la solución de los conflictos surgidos a consecuencia del hecho punible que mejor se adecúen al restablecimiento de la paz social”, accedió al acuerdo de juicio abreviado.
Como consecuencia de ello, y al ser interrogado por la jueza de Revisión, Maidana reconoció su participación delictiva y accedió a la pena establecida con su defensa, la cual también fue consentida por el apoderado del Banco de la Nación, el abogado Marcelo Astún Morillo, constituido como querellante.
Tras revisar las condiciones legales y fácticas del hecho, la magistrada procedió a homologar el acuerdo y dictó la condena de dos años de prisión condicional, más la inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cargos públicos.
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