En la segunda sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados y con la presencia de 39 legisladores, se prestó acuerdo para cargos vacantes en la justicia y para el vocal de vialidad provincial, entre otros temas abordados. La ocasión sirvió además para aprobar el pedido de desafuero solicitado por la Fiscalía de San Pedro de Jujuy contra la Diputada Débora Bracamonte, por una causa del 2012.
POLITICA15 de febrero de 2023
Fernando Burgos
El desafuero de Débora Juárez de Bracamonte, tuvo efecto con 37 votos a favor. Solo Mariela Ferreyra, Emanuel Palmieri y Alejandro Snopek rechazaron el pedido de la justicia.
La causa por la cual se inicia el pedido de desafuero, nace a partir de una investigación del agente fiscal de Instrucción Penal Ernesto Lian Resúa, por considerarla como supuesta autora penalmente responsable de los delitos de Abuso de Autoridad y Negociaciones Incompatibles con la Función Pública en Concurso Real y Amenazas Coactivas.
Los delitos imputados datan de junio de 2012, cuando la acusada suscribió un compromiso de colaboración con el Estado provincial, a través del entonces Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, acordando la venta de terrenos a particulares para el programa “Un Lote para cada Familia que lo Necesite”, de propiedad de su cónyuge Francisco Fernando Bracamonte, actuando como responsable legal de este último.
Según el fiscal, a base de dicho documento y aprovechándose de la situación de vulnerabilidad habitacional, Juárez suscribió con sus víctimas un convenio y un boleto de compra-venta de inmueble, acordando las condiciones para acceder a un lote habitacional en Fraile Pintado.
Las víctimas realizaron diferentes pagos por el lote, mientras Bracamonte se desempeñaba como funcionaria pública -concejal y luego diputada provincial- en negociaciones que se vieron concretadas en cada pago recibido.
Además de ello, Juárez habría obligado a sus víctimas a trabajar para ella con la amenaza de quitarle el lote si no lo hacía, a lo cual las víctimas accedieron por el temor a perder su lugar para vivir.
Por otra parte, el agente fiscal considera que los hechos de amenazas coactivas fueron como delito continuado, respecto a cada una de las víctimas y como fueron 10 víctimas, deben concursarse realmente 10 hechos.
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