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Una funcionaria de Educación culpó a la "prensa amarillista" por las amenazas de bomba en escuelas y evitó señalar responsables. Además cuestionó el tratamiento mediático de los episodios que alteraron el funcionamiento de numerosos establecimientos educativos. Sin embargo, no identificó qué medios habrían actuado de manera irresponsable ni explicó posibles fallas en la prevención estatal.