Fernando Burgos
Por otro lado, continúan exigiendo que queden sin efecto cargos que les fueron imputados esta semana a miembros de la comunidad tras un “arbitrario” desalojo de protesta que realizaban ante el conflicto.
El camino en cuestión, a unos 17 kilómetros de la capital provincial, se encontraba obstaculizado tras aval judicial de la Cámara Civil y Comercial de la provincia, a cargo de Ana María del Huerto Sapag, quien ahora avanzó en dictar un proveído para que Enrique Daniel Verzini, denunciado por la comunidad, restablezca el paso.
“La jueza Ana María del Huerto Sapaj de la Cámara Civil y Comercial -sala II- Vocalía 6, donde se inició acción posesoria de reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena bajo Expte. B- 234087/10; se expidió a través de proveído”, haciéndole saber que “deberá liberar todo tipo de obstáculo que impida la libre circulación por el camino ancestral de uso tradicional”, se informó desde la comunidad en un escrito de prensa.
“El logro es de todos las comunidades y pueblos indígenas, instituciones, organismos de derechos humanos, medios de comunicación y sociedad toda que respalda la demanda legítima de los pueblos preexistentes”, agregaron.
Luego, se refirieron al desalojo del pasado miércoles, que derivó en la detención e imputación de nueve miembros de la comunidad: “El camino no es ‘la paz social’ para los usurpadores de territorios ancestrales; como quedo en evidencia en el arbitrario despojo sin orden judicial y desmedido uso de la fuerza penal perpetrado”.
En tanto, remarcaron que se ejerció "violencia institucional” violentando normativas internacionales, nacionales y hasta protocolo del Ministerio Público de la Acusación local para el abordaje en conflictividades de tierra y las comunidades aborígenes.
“Nunca se entorpeció el paso ni la libre circulación a nadie, sobran las pruebas de cómo se transitaba libremente”, expresaron al hacer referencia a una “dudosa” denuncia por la se avanzó en el desalojo de la protesta, mientras criticaron que, contrariamente, no se ejecutaran medidas ante "múltiples denuncias contra Daniel Verzini por el impedimento de la libre circulación por el camino ancestral".
Ante las imputaciones, ponderaron además que el protocolo del MPA viene siendo “incumplido en su plenitud”, ya que, entre otros, plantea que “la persecución penal deberá ser considerada como último recurso”.
“Por todo lo expuesto se solicita a los autores intelectuales y materiales del arbitrario desalojo, ayudante fiscal Ivan Monaldi Pancich, fiscal Alejandro Maldonado, fiscal general Enrique Lello Sanchez, jueza Ana María del Huerto Sapaj y el gobernador Gerardo Morales; retrotraerse y dejar sin efecto la improcedente imputación contra los integrantes de la Comunidad detenidos injustamente”, exigieron.
Las personas fueron acusadas de “turbación de posesión y entorpecer el normal funcionamiento de los transportes por tierra".
