El Expreso de Jujuy
El jefe de los fiscales de Jujuy ya había sido acusado formalmente en noviembre del año pasado por persecución laboral y violencia de género, sin dictaminarse hasta la fecha medidas pertinentes e inclusive habiéndose “redoblado” la violencia que ejerce el mismo contra la denunciante, Eugenia Rio, según expresó a Télam su abogada, Mariana Vargas.
“Llegamos a esta instancia porque la primera denuncia, ante el MPA, estaba destinada al fracaso ya que ningún funcionario se va a investigar a sí mismo”, explicó Vargas, al ponderar que en el escrito plantean justamente que “tiene que haber una resolución reglamentaria legislativa para tramitarse este tipo de investigaciones”.
Agregó que desde el Juzgado Especializado en Violencia de Género en la provincia lo único que obtuvieron fue “un debate de competencias y nadie ordenó medidas cautelares”.
En ese marco es que decidieron acudir ante el Superior Tribunal de Justicia “a los efectos de que actúe como Superintendencia en el sentido de garantizar el servicio de justicia y que se investigue lo que está pasando dentro del MPA”.
Recordó que Rio viene de sufrir diversos episodios de violencia, los cuales, aseguran, comenzaron a principios de 2017 poco después de haber ingresado a trabajar en el lugar, y que dicha situación "también la padecen otras mujeres".
Vargas expuso que además hay un sistema de “premios y castigos ilegales” instalado por parte de Lello Sánchez en relación a fiscales, funcionarios y empleados en general, “con traslados, ampliación o quite de competencias”, entre otros, que “lo que hace es limitar la independencia de cada uno”.
“Por todo ello este es un tema que le compete al STJ, que ya tiene fallos donde plantea que como Superintendencia tiene injerencia incluso sobre las instituciones autónomas como el MPA”, resumió Vargas al marcar que está requiriendo esa intervención.
Además de exponer lo ya denunciado, la nueva presentación suma el “incumplimiento por parte de Lello Sánchez de un compromiso que asumió con la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy, de tramitar un traslado para Rio al Poder Judicial”, y por encontrarse “redoblando sus violencias contra ella”, con un “discurso humillante ante pares” y una “persecución penal en forma ilegal”.
