Los campesinos denunciaron que, en las primeras horas de la mañana de hoy, al menos cinco maquinarias de gran porte, “avanzaron sobre huertas comunitarias de una familia que habita el territorio más de 50 años”. 

“Hace tres años que la inmobiliaria viene expulsando a la gente de distintos sectores que trabajan la tierra y practican la ganadería que los convierte poseedores de la tierra, pero los poderes de Jujuy siempre salen a favor de los empresarios”, manifestaron a Télam los manifestantes. 

Las maquinarias y efectivos policiales se presentaron en los márgenes del Río de Los Alisos de la ciudad de Palpalá, distante a unos 15 kilómetros de la capital jujeña, para avasallar la cerca perimetral de una familia, lo que provocó la inmediata convocatoria de los comuneros.

“Lamentablemente avanzaron con el desmonte de árboles y una huerta comunitaria que cultivamos junto a los campesinos de la zona y se tomaron el atrevimiento de detener a la compañera Rosa Gutiérrez que intentaba frenar a las máquinas”, relataron. 

Los manifestantes aseguraron que los responsables del operativos no notificaron a los comuneros sobre la orden de desalojo y repudiaron el “incumplimiento de protocolos vigente” para evitar desalojos en territorios indígenas. 

Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) denunciaron que la policía jujeña desaloja “sin orden a la comunidad Tusca Pacha, con represión, destrucción y detenciones”, operativo que calificaron como “ilegal”. 

“En plena feria judicial, tuvo lugar un desalojo ilegal avalado por el fiscal Walter Hugo Rondón y el ayudante de fiscal Martín Andrés Lavilla con la presencia de numerosas máquinas enviadas por la empresa Sucre y numerosos efectivos de la guardia de infantería”, señalaron. 

Los activistas apuntaron contra la empresa inmobiliaria Sucre, la cual -advirtieron- cuenta con el “constante apoyo ilegal del Poder Ejecutivo provincial pues uno de sus integrantes y antiguo representante legal es el secretario de Asuntos y Relaciones Municipales Javier Gronda”. 

Asimismo, recordaron la Ley Nacional 26160 y el Protocolo para el Abordaje en Conflictividades de Tierras y las Comunidades Indígenas del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, “siguen vigentes y hoy el Fiscal Rondón, el Ayudante Lavilla, la Policía de Jujuy y la Empresa Sucre los están violando”. 

“Exigimos que se frene este desalojo ilegal y retrocedan las máquinas de la empresa Sucre. Exigimos la inmediata libertad de Rosa Gutiérrez”, enfatizaron finalmente desde el movimiento campesino jujeño. 

En octubre del año 2020 la comunidad en conflicto radicó una denuncia penal contra el Gobierno de Jujuy por la "violencia" ejercida por la policía local durante un violento desalojo contra los comuneros. 

Los campesinos despojados de su tierra -donde se puso en marcha un proyecto inmobiliario- llevaban adelante allí el desarrollo de pequeñas huertas comunitarias y producción de ganadería, prácticas que realizan las familias desde hace más de 50 años en ese territorio, aseguraron.

Télam