La evaluación forense, de la que participaron miembros del Cuerpo Médico Forense y dos peritos de la Secretaría de Derechos Humanos (DD.HH), dictaminó que "el deterioro cognitivo que presenta el imputado no le permite afrontar un debate oral", sostuvo la Secretaría, que destacó que esos profesionales son de "incuestionable compromiso con el proceso de memoria, verdad y justicia".

De ese modo, Blaquier no está en condiciones de afrontar el juicio por la Noche del Apagón, y el organismo oficial sostuvo que la causa penal estuvo paralizada durante ocho años en la Cámara Federal de Casación Penal primero y en la Corte Suprema después.

Esa dilación, advirtió la Secretaría a cargo de Horacio Pietragalla Corti, garantizó la impunidad del dueño del dueño del Ingenio Ledesma, de 94 años.

El caso

Blaquier está procesado junto al entonces administrador del ingenio, Alberto Lemos, en dos causas por crímenes de lesa humanidad que fueron elevadas a juicio oral.

En el expediente sobre la Noche del Apagón -cuando se produjo un corte de luz para secuestrar personas- está acusado por la privación ilegal de la libertad de 20 personas en las localidades jujeñas de Ledesma, Calilegua y Libertador General San Martín en julio de 1976, mientras que en la causa Aredez se le imputan tres secuestros entre marzo y abril de 1976.

Esas causas se encontraban en condiciones de ser elevadas a juicio en 2013, cuando el empresario no tenía esos problemas de salud mental, sostuvo la Secretaría.

En cambio, quedaron paralizadas por la decisión de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, integrada entonces por Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Eduardo Riggi, que primero admitió un recurso de la defensa y dos años después les dictó falta de mérito a ambos acusados, dijo.

Asimismo, recordó que recién en julio de 2021, y gracias a varios pedidos de la Secretaría de DD.HH. y de las otras querellas exigiendo una pronta resolución, la Corte Suprema anuló lo resuelto por la Casación, señalando que esa decisión había sido "arbitraria" y que "obstaculizó indebidamente el avance del proceso".

Secretaría de DDHH de la Nación

"La irregular decisión de Casación y la dilación de la Corte Suprema en revocarla le permitieron a Blaquier y a Lemos pasar estos 8 años en sus domicilios sin ser juzgados", manifestó el organismo a cargo de Pietragalla Corti.

Y advirtió que esa falta de respuestas de las máximas instancias judiciales del país "provocó un daño irreparable en las víctimas, que no podrán obtener justicia por esos gravísimos crímenes respecto a Blaquier", mientras que sobre Lemos dijo que "es indispensable y urgente que se avance con el debate oral y público en su contra".

La Secretaría informó además que analiza la responsabilidad de los jueces que intervinieron en el proceso para determinar las medidas que corresponde impulsar.

Así, manifestó que las causas que involucran la responsabilidad de actores civiles y económicos durante la última dictadura son las que "mayor resistencia generan en el Poder Judicial".

"El avance sin demoras de estas investigaciones es una de las prioridades del Plan Estratégico para el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad que promueve esta Secretaría", señaló el texto.

Hijos Jujuy

La agrupación Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (Hijos) de Jujuy ya había solicitado el pasado 16 de julio a la Cámara Federal de Casación Penal que se acelere la causa por delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy durante la última dictadura cívico-militar en la que se tramita el procesamiento del empresario y su entonces administrador.

Eva Arroyo, principal referente de Hijos Jujuy, señaló en esa oportunidad a Télam que "lo que tenemos miedo es que Casación tenga actitudes obstaculizantes y llegue la impunidad biológica porque Blaquier tiene 93 años".

Blaquier y Lemos fueron procesados como partícipes necesarios de la Noche del Apagón, como se conoce a la detención ilegal de cerca de 400 personas, entre ellos trabajadores de la empresa, sucedido entre el 20 y el 27 de julio de 1976.

El empresario y su colaborador están acusados de proveer vehículos y personal del ingenio para ese operativo represivo, como consta en diversos testimonios de sobrevivientes, en el marco de las causas por delitos de lesa humanidad. (Télam)