El Expreso de Jujuy
"Con el voto afirmativo de la mayoría absoluta de la Asamblea (parlamento), queda aprobado el decreto presidencial de amnistía e indulto por razones humanitarias", proclamó tras un debate de tres horas el vicepresidente David Choquehuanca, que encabezó la sesión.
El gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) impuso su mayoría en la sesión bicameral para cerrar el debate y aprobar el decreto del presidente Luis Arce, calificado como un "acto de justicia" por el oficialismo y denunciado como "dictatorial" e "inconstitucional" por la oposición, reportó la agencia de noticias rusa Sputnik.
El decreto, que libera de procesos y en muchos casos de detención preventiva a miembros y simpatizantes de la pasada administración de Morales, y a otros ciudadanos que rechazaron la gestión de facto de Áñez, beneficiará también a decenas de presos que sufren retrasos en la tramitación de sus causas, según un anuncio oficial.
Entre los argumentos del Ejecutivo para impulsar la medida se cuenta “la retardación de justicia en situación vulnerable, en el marco de la prevención del riesgo de incremento de casos de contagio de COVID-19 en los penales y la restitución de derechos a perseguidos”.
La norma busca resguardar la vida, la salud e integridad de los presos ante “el incremento de contagios por Covid-19 y ante el hacinamiento en los centros penitenciarios del país”, consignó la estatal agencia ABI.
Pero el acento, y el mayor debate, estuvo dado por la decisión de restablecer “los derechos civiles y políticos, en procura de celeridad y debido proceso, para aquellas personas que se encuentran procesadas, como consecuencia de los conflictos políticos y sociales, caracterizados por vulneraciones masivas y generalizadas de derechos fundamentales y garantías constitucionales, suscitadas durante la crisis política institucional del Estado acontecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020”.
Morales estaba acusado de genocidio y terrorismo, por supuestamente organizar y alentar los bloqueos de rutas y las movilizaciones contra la administración de Áñez.
Los fundamentos de la iniciativa resaltan que a los más de 19 mil privados de libertad registrados en el censo de 2019, se sumaron “los perseguidos políticos” del gobierno de Áñez, unas 1.500 personas que sufrieron persecución, procesamiento y encarcelamiento.
La norma gubernamental, contenida en 5 capítulos y 13 artículos, señala que la crisis política derivada del golpe contra Morales “devino en una persecución política en contra de quienes salieron en defensa de la democracia, ejercieron su derecho a la protesta, la libertad de expresión y de asociación”.
El uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía, las detenciones ilegales y la violación del derecho a la vida, integridad, libertad e igualdad y no discriminación fueron constatados en sendos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Defensoría del Pueblo de Bolivia y la Asamblea Legislativa Plurinacional, reportó el proyecto.
El decreto presidencial excluye del indulto y amnistía a quienes cometieron delitos de genocidio, asesinato, parricidio, feminicidio, infanticidio, homicidio, trata de personas, tráfico de personas, robo agravado, secuestro, contrabando, tenencia de armas no convencionales y tráfico ilícito de armas, delitos financieros y contra la libertad sexual.
Tampoco alcanza a los delitos previstos en la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, ni a quienes cometieron delitos de violencia contra las mujeres previsto en la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, la Ley Contra el Acoso y Violencia Política Hacia las Mujeres y delitos cuya víctima sea una niña, niño, adolescente, personas incapaz o víctimas múltiples.
Áñez asumió la jefatura del Palacio Quemado en noviembre de 2019, tras el golpe contra Morales, y a partir de ese fecha se asesinaron a 37 ciudadanos en protestas –la mayoría en las llamadas masacres de Sacaba y Senkata- y se violaron de forma sistemática los derechos humanos y la libertad de expresión.
Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigan actualmente en el país hechos de violencia registrados entre noviembre y diciembre de 2019.
La Asamblea Legislativa Plurinacional recomendó en octubre del año pasado al Ministerio Público iniciar un juicio de responsabilidades contra Áñez por las matanzas.
