Tras cumplirse el proceso judicial en el fuero Contravencional, de revisión del fallo ante el Juez de Control y el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy y de haberse confirmado la sentencia el Juzgado Contravencional N° 1 comenzará a ejecutar la condena aplicada a las personas que participaron en la protesta por los CEIJA.
JUDICIALES13 de enero de 2021
El Expreso de JujuySegún lo dispuesto por el Artículo 113 del Código Contravencional, se procederá a la ejecución de la condena de multa de $16.870 impuesta a los manifestantes que están implicados en esta causa.
El juez Contravencional Dr. José Matías Ustarez Carrillo, remitió para ejecución de la multa, aclarando que tras cumplirse el proceso judicial en el fuero Contravencional, algunos condenados recurrieron las instancias de revisión del fallo ante el Juez de Control y el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, mediante recurso de inconstitucionalidad y recurso extraordinario federal, retornando el expediente al juzgado original con confirmación de sentencia para ejecución de la condena de multa.
Recordemos que la manifestación que originó la contravención se realizó el 29 de marzo de 2018, mientras que el Juzgado Contravencional falló en contra de los piqueteros el 16 de marzo de 2019. Finalmente, luego de tratar de impedir la condena con distintos recursos, los imputados fueron condenados.
Cabe destacar, que uno de los condenados efectuó el pago espontáneo de la multa impuesta. En tanto, las personas que recurrieron el fallo, deberán hacer efectivo el pago de la condena con capital actualizado, intereses y costas.
Las actuaciones actualmente se encontrarían en la órbita de Fiscalía de Estado para embargo y juicio de apremio.
El jurado popular de Chaco condenó al "clan Sena" por el asesinato y posterior encubrimiento de Cecilia Strzyzowski, en junio del 2023. La Fiscalía había pedido la condena de todos los acusados, pero la definición de la pena quedó a cargo del juez.
En una emotiva ceremonia, vecinos y familiares acompañaron el cortejo fúnebre de Daniela Mamani, quien fue asesinada por su ex pareja. La tragedia unió a la comunidad en un acto de memoria y reivindicación.
La gran Cantidad de procedimientos realizados en tal solo una semana, da cuenta de la fuerte injerencia que está tomando el narcotráfico en la provincia de Jujuy. Todos los operativos que se realizan, no son suficientes para erradicar este flagelo que daña especialmente a los más jóvenes que se encuentran en situación de vulneración social.
Un joven trabajador azucarero oriundo del Lote Parapeti, falleció en horas de la tarde, luego de caer de casi ocho metros de altura, cuando realizaba tareas de limpieza en uno de los depósitos del sector refinería.
Un hombre identificado como A.D.A.V. fue condenado a la pena de 6 años de prisión por ser autor penalmente responsable de los delitos de “Abuso sexual simple y Abuso sexual con acceso carnal ocurridos en la localidad de Huacalera.
Un nuevo femicidio empieza a sentirse en la comunidad jujeña, el quinto en lo que va del año, cerrando una pésima estadista para el mal trato de las mujeres. Mónica Cunchilla, la mamá de Iara vuelve a poner en tela de juicio al accionar del Estado y de las fuerzas de seguridad, a pesar del avance que se logró en tratar de erradicar la violencia de género.
Daniela Mamaní fue hallada sin vida, boca abajo y con el estómago abierto. Estaba sin ropa interior, por lo que se presume que habrían intentado violarla, pero estaba indispuesta. En la pequeña habitación donde habitaba, se encontró un cuchillo tipo tramontina, el cual se habría usado para matarla. El asesino se entregó a la policía a media mañana y quedó detenido.
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La cifra surge del presupuesto provincial que se pondrá en discusión la próxima semana. El diputado provincial oficialista, Santiago Jubert admitió que esos recursos pueden llegar a la provincia a través del un compromiso del Presidente de la Nación y se destinaría a cubrir distintos gastos de funcionamiento del estado provincial.
El cierre del ex Banco Provincia en el año 1997 dejó un saldo que todavía no puede ser subsanado. Son sus trabajadores que todavía reclaman la propiedad participada, un derecho que le pertenece, que fue judicializado y ganado en todas las instancias, pero que no se hace efectivo por decisión de las autoridades del estado provincial.