El malestar se generó a partir de la reciente visita de una asistente social del Servicio Penitenciario de la provincia a la casa de la niña, con el fin de realizar un informe social, según contó hoy Mariana Vargas, abogada de la familia en el juicio contra el violador condenado y referente de la mencionada organización.

“Si bien no significa que le vayan a dar el arresto domiciliario, el tema es que tendrían que habérselo negado desde el principio y, en vez de ello, están produciendo pruebas a los efectos de evaluar”, sentenció Vargas.

La abogada señaló que se enteraron del trámite a través de la "sorpresiva visita de la asistente social en el primer día de la feria judicial, no cuidándose a la menor, protegida por la ley de derechos y garantías de las víctimas de delitos" y generando "muchísima angustia".

Por otro lado, la abogada consideró "gravísimo” el hecho de que "se estén produciendo estos informes a solo dos años de la detención" y detalló que el juez de Ejecución de Pena Carlos Cattan es quien ordenó las medidas y resolverá el pedido.

El caso de abuso fue descubierto en enero del 2019, tras denunciarse lo ocurrido en un barrio de la localidad de San Pedro de Jujuy, donde el violador, en ese momento de 60 años, residía cerca de la casa de la víctima.

La menor quedó embarazada de esa violación y fue madre en enero de ese mismo año, ya que la respuesta sanitaria de la provincia ante el pedido de la interrupción legal del embarazo fue avanzar con una cesárea, generando críticas y manifestaciones por parte de organizaciones de mujeres.

“Violentar a las mujeres sigue siendo la regla en Jujuy”, expresaron desde la Multisectorial de Mujeres de la provincia, al rechazar esta semana que se le pueda llegar a otorgar el arresto domiciliario a Dávalos.

En un comunicado, indicaron que “la sola posibilidad de que el violador, que tanto daño generó, vuelva a estar en la casa de enfrente de la pequeña trae los peores recuerdos, y los peores augurios también”, y que la misma la víctima “ya padece regularmente los hostigamientos del sobrino de Dávalos que vive en ese domicilio”.

“El arresto domiciliario de Dávalos sería la muestra de impunidad que legitima más violencias, y será también, como proclaman desde el movimiento de mujeres, el primer paso al escarnio de quienes decidan seguir torturando a la pequeña y a su familia”, concluyeron, y resaltaron que “el Estado adeuda su protección y disculpas después de tanto sufrimiento causado”. (Fuente: Télam)