El Expreso de Jujuy
Representantes de comunidades originarias de Jujuy se presentaron nuevamente en la Legislatura para expresar su rechazo a una disposición de la Comisión de Pueblos Indígenas que, según denunciaron, limita la participación y representación de distintos pueblos y comunidades.
David González, de Rodero; Lufia Balcarce, de Caspalá; Lidia y otros referentes comunitarios cuestionaron que la Comisión haya solicitado a la Secretaría de Pueblos Indígenas información sobre los integrantes de las comunidades y que, a partir de esos datos, se haya confeccionado un listado de personas habilitadas para participar de los encuentros.
Según explicaron, recibieron una primera nómina con 21 comunidades y otra elaborada por la Secretaría de Pueblos Indígenas con un número menor de representantes. Los dirigentes sostienen que esa selección dejó afuera a comunidades y miembros que pretenden plantear sus reclamos directamente ante la Legislatura.
González sostuvo que varios integrantes fueron convocados con escaso tiempo de anticipación, incluso mediante mensajes, lo que dificultó que pudieran trasladarse desde sus comunidades hacia San Salvador de Jujuy.
“De un día lunes a martes no nos podemos bajar los hermanos que quieren venir por el tema del tiempo”, planteó.
Los referentes consideran que la Comisión de Pueblos Indígenas debería recibir a las comunidades directamente y no limitar su participación en función de información proporcionada por la Secretaría.
También señalaron que alrededor de una docena de comunidades quedarían fuera de la convocatoria. Entre las mencionadas aparecen Caspalá, comunidades de El Pongo, Coysamboya, Ojo de Salar y Ñauca Marca Coysamboya, entre otras.
Los dirigentes cuestionaron particularmente que se analice la situación individual de los integrantes en función de censos o registros, ya que sostienen que la pertenencia a una comunidad también está determinada por sus propios estatutos y mecanismos internos.
“Ellos quieren meterse en las asambleas de las comunidades a decir quiénes sí y quiénes no pueden participar y no lo pueden hacer”, sostuvo Rosa Gutiérrez, presidenta de la Comunidad Aborigen Tucapacha de Los Alisos.
Durante el reclamo, los referentes también apuntaron contra la Secretaría de Pueblos Indígenas. Afirmaron que el organismo debería garantizar los derechos de las comunidades y cuestionaron que, según su interpretación, estaría priorizando a determinados sectores.
“Citan a personas y a comunidades afines al gobierno y después salen diciendo que escucharon a las comunidades”, sostuvo una de las referentes.
Los dirigentes aseguraron que el conflicto no es nuevo, pero consideraron que en los últimos tiempos se profundizaron las dificultades para acceder a los ámbitos institucionales.
En ese sentido, cuestionaron el funcionamiento de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Legislatura y afirmaron que, pese a su creación en 2016, no habría dado respuestas suficientes a los problemas que atraviesan las comunidades en sus territorios.
Otro de los planteos estuvo relacionado con la defensa territorial. Una representante de Ñauca Marca Coysamboya afirmó que llevan alrededor de 40 años reclamando el reconocimiento de la comunidad y defendiendo sus territorios.
La dirigente sostuvo que el conflicto tiene consecuencias graves para las familias y recordó situaciones en las que, según denunció, máquinas y topadoras ingresaron a territorios donde se encontraban restos de sus antepasados.
“Ya tenemos muertos en nuestra comunidad”, afirmó, y vinculó los conflictos territoriales con situaciones de profundo impacto social y familiar.
Los referentes anticiparon que continuarán realizando presentaciones y acciones institucionales para cuestionar el mecanismo de selección utilizado por la Secretaría y la Comisión de Pueblos Indígenas.
El reclamo central es que todas las comunidades puedan ser escuchadas directamente por la Legislatura, sin intermediarios que determinen previamente quiénes pueden participar o representar a cada pueblo.
