El Expreso de Jujuy
El Gobierno nacional amplió a la población penitenciaria femenina el Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR), una herramienta que desde 2024 se aplica a internos varones vinculados con organizaciones criminales.
La decisión fue oficializada mediante la Resolución 878/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, y lleva la firma de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.
El objetivo central es establecer mecanismos especializados para evaluar, clasificar, separar y gestionar a personas privadas de la libertad que representen un riesgo elevado para la seguridad pública o que mantengan vínculos con estructuras criminales.
El SIGPPLAR fue implementado en 2024 para enfrentar el accionar de integrantes de organizaciones criminales nacionales y transnacionales alojados en establecimientos penitenciarios federales.
Según la resolución, la experiencia acumulada permitió obtener resultados positivos en materia de seguridad pública y administración penitenciaria, especialmente para limitar la continuidad de actividades delictivas desde el interior de las cárceles.
En ese período, 78 integrantes de distintas organizaciones criminales fueron incorporados al sistema. Una parte significativa de esas personas desarrolla sus principales actividades en provincias como Santa Fe, Salta, Jujuy, Córdoba y Corrientes.
La herramienta también fue vinculada con los objetivos de distintos operativos de seguridad implementados en el país, entre ellos el Plan Bandera, en Rosario; el Plan Güemes, en el norte argentino; el Plan Paraná, sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay; y el Plan Andrés Guacurarí, en Misiones.
El nuevo escenario
La ampliación del sistema responde, según el Gobierno, a la creciente complejidad de los perfiles criminológicos de mujeres vinculadas con organizaciones criminales.
La resolución advierte que, frente a la detención de integrantes varones y al incremento de los controles penitenciarios, algunas mujeres pueden asumir funciones relacionadas con la transmisión de órdenes, coordinación logística y continuidad operativa de estructuras delictivas.
El Gobierno sostiene que esta situación requiere mecanismos específicos que permitan identificar los niveles de riesgo y evitar que las organizaciones mantengan capacidad operativa desde las unidades penitenciarias.
Qué establece el nuevo régimen
El sistema para mujeres contempla adecuaciones específicas en distintos aspectos de la gestión penitenciaria.
Entre ellas se incluyen modificaciones vinculadas con:
Además, los agentes asignados al régimen deberán recibir formación específica en perspectiva de género y abordaje de población penal femenina de alto riesgo.
La medida toma como referencia distintos estudios internacionales que analizaron la participación de mujeres en organizaciones criminales y señalaron su posible intervención en tareas de enlace, mensajería, administración financiera, logística, coordinación y gestión de recursos.
La resolución faculta a la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal a implementar las medidas necesarias para poner en funcionamiento el nuevo régimen.
El organismo tendrá un plazo de 60 días para elaborar los protocolos complementarios de funcionamiento y los manuales específicos contemplados en el sistema.
De esta manera, el Gobierno nacional busca extender a las cárceles de mujeres una estrategia penitenciaria diseñada para evitar que las estructuras del crimen organizado puedan conservar capacidad de coordinación y operación desde el interior de los establecimientos federales.
