El Expreso de Jujuy
La problemática del acoso escolar en Jujuy continúa sumando testimonios de dolor y pedidos desesperados de cambio. En una reciente entrevista, Olga Burgos, representante del grupo de padres que lucha por la erradicación del bullying, describió el sistema de actuación actual como un mecanismo puramente jerárquico y burocrático que no responde a la urgencia emocional de los menores.
Según Burgos, el protocolo vigente obliga a cumplir una serie de pasos administrativos —desde el docente hasta el directivo, y de allí a instancias superiores— que dilatan la intervención del Estado. Esta estructura, lejos de brindar contención, genera una sensación de inacción institucional donde se "pide permiso" para actuar mientras la urgencia es inmediata.
"Es un protocolo solamente jerárquico; no leo en él un interés de contención", afirmó Burgos, señalando que la resolución actual prioriza que el trámite llegue al Ministerio Público de la Acusación (MPA) antes de asistir al alumno afectado en su momento de mayor crisis.
Consecuencias fatales
La crítica de los padres no es teórica; se basa en casos con desenlaces trágicos. Burgos vinculó directamente la lentitud del sistema con la pérdida de vidas: "El protocolo lento se llevó la vida de Luana Nachuri en Tilcara", recordó sobre la niña que se quitó la vida debido a que las limitaciones jerárquicas impidieron una intervención a tiempo de los directivos.
En el plano personal, Burgos compartió que su propia hija es hoy una paciente psiquiátrica debido a que la ayuda institucional llegó demasiado tarde. Para el colectivo de padres, estos antecedentes son prueba suficiente de que el mecanismo actual de resguardo ha fallado.
La situación de los docentes también fue un punto de preocupación. La entrevistada señaló que los maestros están sobrecargados, con salarios bajos y condiciones laborales difíciles, lo que les impide asumir la responsabilidad total de la contención emocional.
Además, denunció un fenómeno que fomenta el silencio: muchos docentes que intentan ayudar a las víctimas terminan siendo denunciados por otros padres, enfrentando causas legales por su involucramiento.
El pedido: especialistas en las escuelas
Frente a este panorama, los "Padres del dolor" insisten en que la solución no es solo administrativa, sino operativa. Exigen que las escuelas cuenten con equipos interdisciplinarios propios (psicólogos, sociólogos y trabajadores sociales) que intervengan de forma inmediata.
Como ejemplo positivo, se destacó el programa "Re ESI" que se aplica en la Escuela Técnica de Maimará, donde especialistas y profesores universitarios brindan contención y charlas a la comunidad. Los padres sostienen que este tipo de intervención especializada, y no el simple cumplimiento de pasos burocráticos, es lo que realmente puede proteger a los niños frente al contexto de violencia emocional que atraviesan.
