El Expreso de Jujuy
El respaldo del diputado provincial Federico Manente a la decisión del Ejecutivo de desconocer la legitimidad de la protesta docente de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) reavivó las críticas contra el Gobierno de Carlos Sadir por la prolongada intervención del sindicato y la falta de convocatoria a elecciones internas.
El legislador del oficialismo sostuvo que ADEP atraviesa una situación de "acefalía institucional" que impide reconocer legalmente las medidas de fuerza impulsadas por docentes del nivel primario. Bajo ese argumento, justificó que las inasistencias sean consideradas "faltas sin aviso" y, por lo tanto, sujetas a descuentos salariales.
Sin embargo, esa explicación encuentra una contradicción de fondo: la actual situación institucional del gremio no es producto de una decisión de los trabajadores, sino de un proceso que el propio Estado provincial viene administrando desde hace meses.
Tras la intervención del sindicato, el Gobierno avaló la conformación de una junta provisoria encargada de normalizar la entidad. No obstante, ese órgano continúa funcionando pese a que su mandato se encuentra vencido y sin que se haya convocado a elecciones para que los afiliados elijan democráticamente una nueva conducción.
En ese contexto, distintos sectores docentes sostienen que el Ejecutivo utiliza como argumento una acefalía cuya continuidad depende precisamente de la falta de normalización del gremio. La ausencia de autoridades electas termina convirtiéndose, según esta interpretación, en una herramienta política para desconocer los reclamos de los trabajadores.
La consecuencia práctica de esa postura es que la protesta impulsada por los docentes de ADEP deja de ser considerada un paro para transformarse administrativamente en una simple ausencia laboral, habilitando descuentos automáticos y eventuales sanciones disciplinarias.
Mientras tanto, el tratamiento otorgado al CEDEMS evidencia un criterio diferente. En ese caso, el Ejecutivo reconoce la representación gremial y mantiene abierto el canal paritario, aunque también aplica descuentos a quienes adhieren a las medidas de fuerza.
La diferencia radica en que, para el Gobierno, el conflicto del nivel primario carece de un interlocutor válido. No obstante, las críticas apuntan a que esa situación institucional no fue resuelta precisamente por la administración provincial, que hasta el momento no impulsó el proceso electoral necesario para restablecer la plena institucionalidad de ADEP.
Así, el argumento jurídico utilizado para desconocer la protesta docente queda envuelto en una paradoja política: el mismo Estado que invoca la acefalía del sindicato es señalado por mantener, mediante una junta provisoria con mandato vencido, el escenario que hoy utiliza para deslegitimar la representación gremial y endurecer las sanciones contra los trabajadores de la educación.
