ORGANIZACIONES FEMINISTAS DENUNCIARON VULNERACIÓN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Referentes de distintos colectivos de mujeres expusieron en la Legislatura sobre presuntas irregularidades en la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. También reclamaron mayor presupuesto y la efectiva garantía de derechos en el interior de la provincia.
17 de junio de 2026Fernando BurgosFernando Burgos

marta paniagua organizaciones feministas

La Comisión de Género de la Legislatura provincial recibió este martes a integrantes de organizaciones feministas y de derechos humanos que llegaron desde distintas localidades del Ramal jujeño para exponer una serie de denuncias vinculadas a la atención de mujeres y personas gestantes en el sistema público de salud.

Entre las expositoras estuvieron Marta Paniagua, Risa Maldonado y representantes de Socorristas en Red, Guardia Feminista, Católicas por el Derecho a Decidir y la Colectiva Feminista de San Pedro, quienes plantearon que persisten situaciones de violencia institucional y obstáculos para el acceso efectivo a los derechos sexuales y reproductivos reconocidos por ley.

Las organizaciones señalaron que, pese a la vigencia de la Ley Nacional 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), continúan registrándose prácticas que consideran vulneratorias de derechos. Entre ellas mencionaron la realización de ecografías con exhibición de imágenes y latidos fetales a personas que solicitaron una interrupción del embarazo, situaciones de maltrato en guardias médicas y episodios de violencia obstétrica durante los controles posteriores al procedimiento.

“Los derechos han sido reconocidos, pero eso no significa que estén garantizados”, remarcaron las referentes durante su exposición ante los legisladores.

Reclamos desde el interior

Uno de los ejes centrales de la presentación estuvo vinculado a las dificultades que enfrentan las mujeres del interior provincial para acceder a prestaciones de salud sexual y reproductiva.

Las expositoras sostuvieron que existe una marcada desigualdad entre quienes residen en la capital y aquellas que viven en localidades alejadas del Ramal. En ese sentido, reclamaron que las políticas públicas contemplen las particularidades territoriales y que los funcionarios provinciales recorran las distintas regiones para conocer de primera mano las problemáticas existentes.

“Si no venimos nosotras a la Legislatura, estas situaciones no llegan a ser escuchadas”, manifestaron.

Las organizaciones también cuestionaron la falta de recursos humanos y de insumos para garantizar el acceso a métodos anticonceptivos y a la atención médica prevista por la normativa vigente.

Críticas al financiamiento de las políticas públicas

Durante la reunión, las referentes feministas vincularon las dificultades actuales con el recorte de programas nacionales relacionados con la salud sexual y reproductiva, aunque sostuvieron que ello no exime al Estado provincial de sus responsabilidades.

En ese marco, reclamaron que el Ministerio de Salud destine partidas presupuestarias específicas para garantizar la implementación efectiva de la Ley 27.610 y para fortalecer los equipos médicos encargados de atender estos casos.

Las expositoras señalaron que el acompañamiento integral a las mujeres durante los procesos de interrupción voluntaria del embarazo continúa siendo insuficiente dentro del sistema sanitario.

Un proyecto para prevenir violencias en espacios culturales

Además de las denuncias vinculadas al sistema de salud, las organizaciones anunciaron la presentación de un proyecto legislativo destinado a prevenir situaciones de violencia de género en espacios culturales, festivales y peñas.

La iniciativa busca ampliar las políticas de prevención más allá de los ámbitos tradicionales como la escuela, la familia o los centros de salud, incorporando mecanismos de actuación y sensibilización en eventos recreativos y culturales donde, según sostuvieron, también se registran episodios de violencia contra las mujeres.

Las representantes de los colectivos feministas expresaron su expectativa de que la Legislatura avance en el tratamiento de la propuesta y remarcaron que cualquier política destinada a combatir la violencia de género requiere recursos concretos para su implementación.

La reunión de la Comisión de Género dejó expuesta una vez más la tensión entre los derechos reconocidos por las leyes y las dificultades que, según denuncian las organizaciones sociales, persisten a la hora de ejercerlos plenamente en distintos puntos de la provincia.

 

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