El Expreso de JujuyEl Partido Justicialista de Salta dio un paso decisivo hacia la normalización institucional al fijar elecciones internas para el próximo 2 de agosto de 2026, una decisión que contrasta con la situación que atraviesa el peronismo jujeño, donde todavía no existe una convocatoria oficial para elegir autoridades, más allá de los anuncios informales que ubican los comicios entre agosto y septiembre.
La definición llegó apenas dos semanas después de que la jueza federal María Servini designara como interventor judicial del PJ salteño a José Luis Napoleón Gambetta. La medida busca poner fin a un prolongado período de intervención y devolver legitimidad a la conducción partidaria mediante el voto de los afiliados.
Sin embargo, el cronograma difundido por la intervención ya generó fuertes cuestionamientos internos. Diversos sectores alineados con la conducción nacional del PJ consideran que los plazos establecidos son excesivamente breves y podrían limitar la participación de agrupaciones que no cuentan con estructuras territoriales consolidadas.
El calendario electoral contempla cuatro etapas: la presentación de afiliaciones, la exhibición de padrones provisorios y definitivos, la presentación y oficialización de listas y, finalmente, la votación prevista para el 2 de agosto.
Uno de los dirigentes que expresó mayores reparos fue Pablo Kosiner, ex interventor designado por el PJ nacional, quien cuestionó especialmente el escaso margen temporal para presentar afiliaciones y listas. Según sostuvo, otorgar apenas cuatro días para formalizar fichas de afiliación y quince días para conformar listas "prácticamente niega la posibilidad de participar" a sectores que carecen de respaldo oficial o de una estructura previamente organizada.
Kosiner recordó que durante su gestión junto a Nora Cannuni impulsaban un proceso más extenso, orientado a reconstruir territorialmente el partido, recuperar afiliados y fortalecer la representatividad interna. En ese sentido, advirtió sobre el deterioro que sufrió la estructura partidaria durante los últimos años.
De acuerdo con relevamientos realizados durante la intervención anterior, el PJ salteño contaría con apenas 650 afiliados menores de 25 años sobre un padrón cercano a los 90.000 integrantes. Además, se habría registrado una pérdida estimada de entre 25.000 y 30.000 afiliados, una situación que, según el dirigente, se explica en parte por la ausencia de internas y de elecciones PASO, factores que provocaron la migración de militantes hacia otras fuerzas políticas.
La principal preocupación de este sector radica en que los plazos reducidos terminen favoreciendo a quienes ya controlaban la estructura partidaria antes de la intervención. Por ese motivo, anticiparon que podrían no participar del proceso y confirmaron que presentaron recursos ante la Cámara Nacional Electoral cuestionando la legalidad de la intervención judicial.
Desde la vereda opuesta, Gambetta defendió la convocatoria y aseguró que el objetivo es garantizar autoridades legitimadas mediante el voto de los afiliados. A su criterio, mantener al partido bajo intervención durante períodos prolongados debilita la democracia interna y dificulta la construcción de consensos.
En paralelo, sectores vinculados al gobernador Gustavo Sáenz manifestaron su intención de competir y valoraron la figura del interventor, a quien consideran más neutral que las anteriores conducciones transitorias. También señalaron que ya trabajan en la conformación de listas y en la articulación territorial con los principales departamentos de la provincia.
La intervención judicial del PJ salteño fue dispuesta luego de que el partido permaneciera intervenido desde febrero de 2025 por decisión de las autoridades nacionales encabezadas por Cristina Fernández de Kirchner. En ese período fueron designados distintos interventores, entre ellos Sergio Berni, María Luz Alonso, Pablo Kosiner y Nora Cannuni.
La Justicia consideró que la extensión de la medida había dejado de ser excepcional para convertirse en un mecanismo permanente, razón por la cual decidió avanzar hacia la normalización institucional mediante elecciones internas.
El escenario adquiere especial relevancia para el peronismo del norte argentino. Mientras Salta ya cuenta con una fecha definida y un cronograma en marcha, en Jujuy la situación continúa abierta. Aunque distintos dirigentes y sectores partidarios mencionaron públicamente la posibilidad de celebrar internas entre agosto y septiembre, hasta el momento no existe una convocatoria oficial ni un calendario electoral formalizado.
La falta de definiciones mantiene en suspenso la reorganización del PJ jujeño, en un contexto donde distintos espacios internos buscan posicionarse de cara a la renovación de autoridades y a la estrategia electoral para los próximos años. La experiencia salteña muestra cómo la intervención judicial puede acelerar los tiempos de normalización, mientras en Jujuy la incertidumbre continúa siendo el principal rasgo del panorama partidario.
