
DIPUTADO RADICAL CUESTIONA ESTADO DE LAS RUTAS NACIONALES
El Expreso de JujuyLas declaraciones surgieron luego de una reunión de la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Legislatura, donde fue invitado el responsable local de Vialidad Nacional para brindar información sobre las acciones que el organismo lleva adelante en la provincia.
Rotela aclaró que existe una confusión respecto al convenio firmado entre la Provincia y el Gobierno nacional. Según explicó, el acuerdo únicamente contempla la transferencia operativa de un tramo de la Ruta Nacional 40, donde la Nación aporta fondos destinados exclusivamente al mantenimiento básico de sectores no pavimentados.
Sin embargo, lo que más llamó la atención de Rotela fue la evaluación realizada por las autoridades viales sobre el estado de los caminos nacionales. Según relató, desde Vialidad Nacional se aseguró que las rutas de Jujuy no se encuentran en malas condiciones, una afirmación que el diputado rechazó categóricamente.
El legislador consideró que esta visión demuestra un fuerte alejamiento de la realidad cotidiana de quienes utilizan estas vías para trabajar, estudiar o transportar mercancías.
La polémica por los peajes
Otro de los puntos que generó preocupación durante la exposición fue la posibilidad de avanzar con un esquema de concesiones privadas para distintas rutas nacionales que atraviesan Jujuy.
Según explicó Rotela, durante la reunión se planteó que las rutas 34, 9 y 52 podrían ser adjudicadas a operadores privados mediante licitación, habilitándolos a cobrar peajes para financiar parte del mantenimiento.
La situación más llamativa fue la referencia a la Ruta Nacional 52, donde se mencionó un valor estimado cercano a los 20.000 pesos por peaje.
"Se habló con mucha liviandad de un peaje de aproximadamente 20.000 pesos en la Ruta 52. Pedimos más información y nos dijeron que todavía no la tenían disponible, aunque se comprometieron a enviarla posteriormente", indicó.
De acuerdo con lo expresado en la comisión, los peajes alcanzarían a todo tipo de vehículos y no solamente al transporte pesado.
El esquema analizado incluiría un puesto sobre la Ruta Nacional 34 entre Pampa Blanca y San Pedro, otro sobre la Ruta Nacional 9 entre San Salvador de Jujuy y La Quiaca, y un tercero en la Ruta Nacional 52 entre Purmamarca y Jama. Sin embargo, todavía no se conocen las ubicaciones exactas ni los detalles técnicos de las eventuales concesiones.
"Sin aporte estatal es inviable"
Rotela puso en duda la viabilidad económica de este modelo y afirmó que ninguna empresa privada asumirá por sí sola el mantenimiento de rutas nacionales con el nivel de deterioro y las necesidades de inversión que presentan actualmente.
El legislador también recordó que la responsabilidad legal y administrativa sobre las rutas nacionales continúa siendo del Estado nacional, por lo que consideró insuficiente trasladar el problema al sector privado sin garantizar inversiones.
Fondos del impuesto a los combustibles
Durante su intervención, Rotela apuntó además contra la falta de ejecución de recursos que, según explicó, ya recauda el Estado nacional para el mantenimiento vial.
Recordó que una parte del impuesto a los combustibles líquidos tiene como destino específico la conservación de rutas nacionales, aunque denunció que esos fondos no estarían siendo utilizados para ese fin.
El diputado vinculó la falta de inversión vial con los obstáculos que enfrenta el desarrollo productivo del país y de Jujuy en particular. En ese sentido, recordó recientes advertencias de organismos internacionales y representantes del sector privado sobre la necesidad de mejorar la infraestructura para sostener el crecimiento económico.
El debate vuelve a poner en el centro de la escena el estado de las rutas nacionales en Jujuy, una problemática que afecta tanto a la circulación cotidiana de miles de personas como a sectores estratégicos vinculados al turismo, la minería, el comercio y el transporte de cargas. Mientras tanto, persisten las incógnitas sobre el futuro esquema de concesiones y sobre quién asumirá finalmente los costos de mantener en condiciones una red vial considerada clave para el desarrollo de la provincia.


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