Fernando Burgos
Entre los ocho corredores licitados aparece el estratégico Tramo Noroeste (NOA), que incluye rutas fundamentales para la conectividad jujeña y que podría impactar directamente en el transporte de cargas, la minería, el turismo y la circulación diaria de miles de usuarios.
El Ministerio de Economía confirmó que se presentaron 20 ofertas para la concesión de más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales, en un esquema que transfiere a empresas privadas la operación, mantenimiento y ejecución de obras sobre corredores estratégicos de distintas regiones del país.
En el caso de Jujuy, la atención está centrada en el Tramo NOA, un corredor de 596,52 kilómetros que abarca las rutas nacionales 9, 34, 66, 1V66 y A-016, conectando San Salvador de Jujuy con Salta, Tucumán y Santiago del Estero.
Se trata de uno de los trayectos más sensibles para el norte argentino por su volumen de circulación, el tránsito de camiones vinculados a la actividad minera y agroindustrial, además de la conexión permanente entre provincias.
El tramo jujeño, eje estratégico para el norte
La inclusión de Jujuy dentro de esta licitación nacional reabre el debate sobre el estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia, particularmente la Ruta 34 y los accesos vinculados al desarrollo minero y logístico del NOA.
El esquema impulsado por Nación plantea que las futuras concesionarias deberán hacerse cargo íntegramente de las obras y el mantenimiento, sin subsidios estatales. Según el ministro de Economía, Luis Caputo, “con esta última etapa se completa la concesión de más de 9.000 kilómetros de rutas, que estarán todas en obra en las próximas semanas”.
En términos regionales, el corredor que involucra a Jujuy aparece como uno de los más relevantes por la expansión del transporte asociado al litio, la conexión con pasos internacionales y el crecimiento del flujo comercial en el norte del país.
Además, la licitación incluye corredores que vinculan Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza, consolidando una red vial orientada a fortalecer la logística productiva nacional.
Obras privadas y debate por la infraestructura
La iniciativa forma parte del nuevo esquema de concesiones viales que impulsa el Gobierno nacional, donde las empresas privadas asumirán el financiamiento total de las obras, además de la operación y mantenimiento de los corredores.
Desde Nación sostienen que el objetivo es mejorar los estándares de servicio y acelerar la ejecución de infraestructura vial. Sin embargo, el modelo también genera interrogantes sobre peajes, costos de circulación y el impacto económico que podría tener para usuarios y sectores productivos.
En el caso de Jujuy, la expectativa está puesta en obras largamente reclamadas sobre rutas nacionales deterioradas y con fuerte circulación de transporte pesado.
La Red Federal de Concesiones ya había avanzado en etapas anteriores con más de 1.800 kilómetros adjudicados bajo el mismo sistema. Ahora, con la Etapa III, el Gobierno busca completar la transferencia de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales a operadores privados.
Un corredor clave para minería, turismo y comercio
El tramo licitado que atraviesa Jujuy no solo conecta provincias del NOA, sino que además constituye un eje central para el movimiento de mercancías, la actividad turística y el desarrollo de economías regionales.
Las rutas nacionales 9 y 34 son consideradas estratégicas para la circulación hacia Bolivia y el resto del norte argentino, mientras que la Ruta 66 concentra buena parte del tránsito urbano e industrial del Gran Jujuy.
El proceso de evaluación de las 20 ofertas continuará en las próximas semanas hasta definir las adjudicaciones finales. Según el cronograma oficial, una vez adjudicados los contratos comenzarían inmediatamente las obras sobre los corredores incluidos en la licitación.
En ese contexto, Jujuy vuelve a quedar ligada a una discusión histórica: la necesidad de infraestructura vial moderna para sostener el crecimiento productivo y mejorar la conectividad regional, en medio de un esquema donde Nación apuesta a que el sector privado absorba la inversión y la gestión de las rutas nacionales.
