El Expreso de Jujuy
Un nuevo episodio de extrema tensión sindical volvió a sacudir al norte argentino y dejó al descubierto el nivel de conflictividad que atraviesan algunos sectores gremiales del país. Ocho dirigentes del Sindicato de Petróleo y Gas de Cuyo fueron interceptados por la Policía de Salta cuando se dirigían hacia un acto sindical en la ciudad de General Güemes portando armas de fuego, más de 200 cartuchos, cuchillos, “miguelitos” y bates de béisbol.
El hecho generó fuerte preocupación no solo por el arsenal secuestrado, sino también porque involucra a dirigentes de un gremio que históricamente no se caracterizó por niveles extremos de confrontación pública, aunque la interna sindical y las disputas de poder parecen haber escalado hacia métodos cada vez más violentos.
Un operativo policial evitó una tragedia
El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 9/34, en el acceso al Parque Industrial de General Güemes, donde efectivos de Infantería, Brigada de Investigaciones y Seguridad Vial interceptaron dos camionetas 4x4 provenientes de Mendoza.
Durante la requisa, la Policía encontró pistolas calibre 40 y 9 milímetros —consideradas armas de guerra—, rifles de aire comprimido, más de 200 cartuchos, cuchillos, miguelitos y bates de béisbol.
Según trascendió, el grupo tenía como objetivo irrumpir en el acto de lanzamiento de la Agrupación Azul y Blanca del gremio de Trabajadores de la Industrialización Privada del Petróleo y Gas de Salta y Jujuy.
Las autoridades provinciales ya habían recibido alertas previas sobre posibles enfrentamientos luego de incidentes ocurridos días antes en Metán, lo que motivó el despliegue preventivo.
Lo más delicado del episodio fue la identidad de los involucrados: no se trataba de simples militantes, sino de integrantes de la Comisión Directiva del Sindicato de Petróleo y Gas de Cuyo, conducido por Gabriel Barroso.
Desde la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles apuntaron directamente contra Barroso y contra Sebastián Barrios, secretario general del sindicato petrolero de Salta y Jujuy, por presuntamente haber impulsado el operativo para intentar frenar el acto opositor.
La gravedad institucional del hecho reavivó el debate sobre las disputas internas dentro del sindicalismo argentino y la utilización de mecanismos de presión que exceden completamente la discusión gremial.
El sindicalismo y una lógica cada vez más confrontativa
El episodio ocurre en un contexto de creciente tensión social, crisis económica y disputas por el control de estructuras sindicales estratégicas, especialmente en sectores vinculados a la energía, el transporte y los servicios.
Aunque el gremio petrolero de Cuyo no suele aparecer entre los sindicatos más combativos del país, el conflicto expuso cómo las disputas de poder interno pueden derivar en situaciones de violencia extrema.
En los últimos años, el sindicalismo argentino atraviesa fuertes reacomodamientos internos producto de la crisis económica, la pérdida de poder adquisitivo, el debilitamiento de estructuras tradicionales y las disputas políticas nacionales.
En ese marco, sectores sindicales comenzaron a endurecer posiciones y profundizar enfrentamientos que muchas veces se trasladan a las bases y a las movilizaciones.
“No podemos naturalizar estas prácticas”
El secretario general de la federación petrolera, Tomás Mario Lavia, calificó lo ocurrido como un hecho “gravísimo” y aseguró que la rápida intervención policial evitó una tragedia.
“No estamos hablando de diferencias gremiales. Estamos hablando de personas trasladándose a un acto sindical con armas y municiones”, afirmó.
Además, advirtió sobre el riesgo de naturalizar mecanismos de intimidación dentro de la vida sindical.
“Los trabajadores necesitan dirigentes que defiendan derechos, no escenas que pongan en riesgo vidas”, sostuvo.
Más detenidos y temor por nuevos enfrentamientos
Horas después del primer operativo, la Policía detuvo además un colectivo con 42 pasajeros sobre la ruta provincial 11, donde cinco personas reconocieron portar cuchillos y miguelitos.
Si bien la Justicia encuadró inicialmente los procedimientos como contravenciones debido a que los involucrados contaban con documentación legal de las armas, la investigación sigue abierta y ya generó fuertes repercusiones dentro del ámbito sindical.
La Fiscalía Penal de General Güemes interviene en la causa y desde la federación petrolera anticiparon posibles sanciones internas contra los dirigentes involucrados.
Una señal de alarma para el sindicalismo argentino
El episodio dejó expuesta una situación preocupante: la radicalización de disputas gremiales en medio de un contexto social y económico cada vez más complejo.
Lejos de limitarse a una pelea interna, el caso refleja cómo determinados sectores sindicales comienzan a trasladar sus diferencias políticas y territoriales a escenarios de violencia que ponen en riesgo no solo a dirigentes y militantes, sino también a trabajadores y ciudadanos ajenos al conflicto.
La presencia de armas, municiones y elementos para provocar daños durante un acto sindical marca un límite alarmante para la democracia gremial y vuelve a instalar el debate sobre los mecanismos de poder dentro de algunas estructuras sindicales argentinas.
