El Expreso de JujuyEl concejal LLA, Gustavo Martínez señaló que gran parte de la ciudadanía desconoce que el servicio de detección, verificación y liquidación de dicho canon se encuentra tercerizado en una empresa con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“Este servicio está concesionado a una firma privada desde el año 2016. Ahora, tras diez años de lo que consideramos una persecución a los comerciantes, se pretende otorgar una segunda prórroga por tres años más”, afirmó.
En ese sentido, indicó que recientemente, en el marco de la Comisión de Desarrollo Local, se recibió a representantes de la Cámara de Comercio, quienes manifestaron su preocupación por el impacto del canon. “Nos expresaron las dificultades que genera este sistema, especialmente en relación con la publicidad de proveedores dentro de los comercios, como banners, pantallas o material promocional”, explicó.
El concejal también detalló el funcionamiento del mecanismo de cobro, señalando que genera situaciones conflictivas entre proveedores y comerciantes.
“Por ejemplo, si un comercio vende zapatillas y exhibe dentro de su local la marca de un proveedor, el municipio, a través de la empresa concesionaria, le reclama el pago del canon de publicidad a la marca. A partir de allí, la empresa proveedora recibe una deuda por una supuesta publicidad, y termina trasladando esa deuda al comerciante”, indicó.
En esa línea, agregó que esto impacta directamente en la actividad comercial: “Muchas veces el proveedor condiciona la continuidad del vínculo comercial hasta que se regularice esa situación. Se genera así un circuito de presión indirecta que perjudica al comerciante, que es el eslabón más débil de la cadena”.
Sostuvo además que esta situación genera consecuencias concretas en la actividad económica local. “Se crean deudas significativas para quienes trabajan y aportan en nuestra ciudad. Incluso hay negocios que se han visto obligados a retirar pantallas o material audiovisual del interior de sus locales por este canon”, agregó.
Finalmente, Martínez cuestionó la intención de extender la concesión a la empresa SEMCOR S.A. por tres años más. “Se trata de una empresa a la que los jujeños le pagamos para que cobre en nombre del municipio, aplicando criterios que consideramos injustos, incrementando la presión fiscal y afectando seriamente a los comerciantes de San Salvador de Jujuy”, concluyó.
