El Expreso de Jujuy
La situación legal en Caspalá ha alcanzado un nuevo punto de tensión tras las recientes declaraciones de la abogada Silvana Llanes, quien denunció un incumplimiento manifiesto de los acuerdos homologados ante la justicia federal.
Según la letrada, el Estado Provincial no ha cumplido con la reestructuración y el reacondicionamiento de la cancha de la comunidad, a pesar de existir un compromiso formal para reparar el daño causado por la expropiación de tierras.
Llanes detalló que, tras diversas audiencias, se fijó un presupuesto de 318 millones de pesos destinados a la reparación del muro, la cancha y los vestuarios, con el fin de devolver las instalaciones en condiciones óptimas.
Sin embargo, la abogada señaló que las obras no avanzan y que aún no se han restablecido los derechos de propiedad de la familia Cruz sobre sus terrenos.
Al respecto, la doctora afirmó: "el convenio está incumplido porque no han logrado reestructurar y acomodar y reacondicionar la cancha. Entonces, la reparación no se está dando."
Maniobras fraudulentas y actas apócrifas
La denuncia más grave radica en un presunto intento de falsificación de documentos públicos por parte de la Secretaría de Pueblos Indígenas. De acuerdo con la fuente, el Gobierno presentó un acta donde figuraba una nueva comisión directiva, intentando desplazar a la actual presidenta, Lucía Apaza, cuyo mandato tiene vigencia legal hasta el año 2026.
La Dra. Llanes fue categórica al califica der este hecho como un engaño procesal: "mágicamente aparece un acta... que desde ya decimos que es totalmente falso porque nunca se realizó una asamblea correspondiente".
Ante la evidencia de que se presentó un libro de actas apócrifo para confundir al magistrado, el juzgado ordenó remitir las actuaciones al Ministerio Público Fiscal Federal para investigar a los funcionarios involucrados.
Desinformación y control institucional
Para la querella, estas acciones forman parte de una estrategia para desarticular la resistencia de los líderes comunitarios que han enfrentado legalmente al Estado. Según Llanes, la Secretaría de Pueblos Indígenas utiliza información sensible de manera discrecional para beneficiar al Ejecutivo provincial: "lo que hacen es desinformar y hacer este tipo de maniobras fraudulentas para beneficiar obviamente a su jefe, sería el gobierno provincial."
Finalmente, la letrada advirtió que estas maniobras buscan "tergiversar la información" para dilatar el cumplimiento de las sentencias y convenios, utilizando su facultad administrativa para generar resoluciones que favorezcan los intereses oficiales por encima de los derechos indígenas. "Intentan sacar a los que más luchan y a los que tienen personería y legitimidad para evitar" que se haga justicia, concluyó la abogada.
